Él Corte Suprema juez desde este martes hasta José Luis Ábalosa tu asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las supuestas comisiones ilegales que se llevaron en contratos de mascarillas valoradas en 54 millones de euros durante la pandemia en 2020 de las que se les acusa Delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, organización criminal, uso y explotación de información privilegiada, falsedad y prevaricación..

Poco más de dos años después de la detención del entonces desconocido consejero, comienza el primer juicio de una causa judicial que supuso la salida del exministro del PSOE, donde era secretario de Organización, la dimisión de su escaño en el Congreso hace unos meses y su ingreso en prisión provisionaljunto con su asistente.

El juicio estará compuesto por 13 sesiones, la mayoría de mañana y tarde, que se repartirán entre el 7 y el 30 de abril y coincidirán diariamente con el juicio del caso Kitchen que acoge la Audiencia Nacional desde el lunes.

Aunque volviendo al conocido como Caso Koldo, Ábalos se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de 24 años de prisión, ligeramente superior a los 19 y medio que se pide a su asesor.. Eso sí, las acusaciones populares, coordinadas por el PP, piden 30 años para ambos. Por su parte, Víctor de Aldama se enfrenta a la petición más baja (siete años de prisión) Al contemplar las acusaciones, destaca su colaboración con la Justicia tras confesar haber pagado comisiones.

La Fiscalía solicita también multas de hasta 3,9 millones de euros e indemnizaciones a dos empresas públicas, Ineco y Tragsasec, así como el decomiso de los beneficios del presunto soborno: al menos 430.298 euros.

José Luis Ábalos y Koldo García afrontan este juicio desde la prisión de Soto del Realdonde permanecen desde noviembre por riesgo de fuga y desde donde serán trasladados cada día al Juzgado de lo Penal, donde un tribunal compuesto por seis hombres y una mujer los juzgará en un juicio que no se podrá ver en vivo.

Contratos de máscara

El juicio se ocupará de El «negocio ilícito» que habrían emprendido con los contratos públicos de mascarillas para Adif y Puertos del Estado (dependiente del Ministerio de Transporte) en marzo de 2020 a través de la empresa Soluciones de Gestión, dirigida por Aldama. El fiscal ha destacado el «preciso reparto de funciones» de los tres tras ver «la oportunidad de obtener un beneficio económico común» en la contratación pública de las empresas contratadas por Aldama, aprovechando la posición de Ábalos en el Gobierno y en el PSOE como secretario de Organización.

Según la Fiscalía, Ábalos habría aceptado comprar lotes de mascarillas a cambio de que él y Koldo recibieran una «compensación económica indebida» por parte de Aldama.que a su vez se embolsó 3,7 millones de euros.

Como pago por estas gestiones, afirma el fiscal, Aldama habría entregado a Koldo García 10.000 euros mensuales en efectivo, a veces en presencia de Ábalos, tal y como se pretendía repartir entre ambos. Hubo otros pagos que Aldama supuestamente premió con estancias en dos chalets en Marbella (Málaga) y Alcaidesa (Cádiz); un contrato de alquiler con opción a compra de un piso en Madrid a un precio muy inferior al de mercado, y el pago de la renta mensual de un piso de Jéssica Rodríguez, entonces pareja del exministro.

El fiscal también acusa a Ábalos de «promover la contratación» de Jéssica Rodríguez en Ineco y Tragsatec pese a que nunca «realizó tarea alguna» entre 2019 y 2021, periodo en el que ganó 43.978 euros; y otra mujer, vinculada a él, Claudia Montes, en la empresa pública Logirail.

Lo que no se va a juzgar son las otras piezas en las que se ha desmantelado el ‘caso Koldo’.en manos de la Audiencia Nacional. En uno de ellos se investiga el sistema de pagos en efectivo del PSOE, y en otro, presuntos sobornos en adjudicaciones de obras públicas, en los que se acusa al exlíder del PSOE Santos Cerdán.

Las versiones de los acusados

A pesar de las acusaciones en su contra, todos niegan ciertos aspectos. Ábalos dice que no hay rastro de las millonarias comisiones que tiene Aldamaniega irregularidades en los contratos y no acepta haber mediado para fichar a Jéssica Rodríguez o Claudia Montes.

Por su parte, Koldo explica que los canales de compra de materiales no fueron atacados por un complot, sino que «se regían por criterios de estricta necesidad» en «un mercado colapsado», y vincula el efectivo que manejaba con los gastos corrientes del PSOE. Y Aldama admite los delitos, pero pide una pena menor porque su «colaboración proactiva» impulsó la investigación.

Serán más de 80 testigos los que hablarán durante las sesionesentre quienes destacan por su perfil político, el presidente del Congreso, Francina Armengol, y el Ministro Ángel Víctor Torres. Ambos deberán responder por los contratos de mascarillas con las empresas que presentó Aldama cuando presidían Baleares y Canarias, respectivamente. Lo harán por escrito, pero no responderán a un formulario de preguntas; Se limitarán a enviar un «informe».

Del resto destacan la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera; el exsecretario de Estado del Interior Rafael Pérez; el director general de la Policía, Francisco Pardo; exjefes de gabinete de los ministros de Sanidad e Industria, expresidentes de Renfe, Correos y Puertos del Estado, empresarios, familiares y allegados de los imputados.

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