el Supremo sienta en el banquillo a Ábalos por contratos de mascarillas
Él Corte Suprema El exministro de Transportes y exdirigente socialista será juzgado desde este martes José Luis Ábalosa tu asesor, Koldo Garcíay el empresario Víctor de Aldama por presuntos sobornos en contratos de máscaras durante la pandemia de COVID-19 en 2020.
Hasta 24 años de prisión
Ábalos se enfrenta a una petición de la fiscalía anticorrupción 24 años de prisiónligeramente superior a 19 y medio de Koldo García, aunque las acusaciones populares coordinadas por el PP piden 30 años para ambos. El tercer imputado, Víctor de Aldama, se enfrenta a la petición más baja de 7 años de prisiónya que se prevé su colaboración con la Justicia tras haber admitido haber pagado comisiones.
Se les acusa de corrupción, tráfico de influencias, malversación de fondos, organización criminal, uso y explotación de información privilegiada, mentira y prevaricación. La Fiscalía también solicita Multas de hasta 3,9 millones de euros. y la indemnización de dos empresas públicas -Ineco y Tragsasec-, así como el embargo del producto de la presunta corrupción, que asciende al menos a 430.298 euros.
La trama principal: la máscara se contrae.
ellos serán 13 sesionesla mayoría en horario de mañana y tarde, distribuidos entre el 7 y el 30 de abril, y coincidirán diariamente con otro juicio; el de Caso de cocinaen el que se acusa al ex Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y parte de la jefatura policial de la primer gobierno de Mariano Rajoy por la presunta operación de espionaje parapolicial contra el extesorero del PP Luis Bárcenas.
El ex ministro y su ex asesor serán expulsados todos los días del Prisión de Soto del Real (Madrid), donde permanecen desde noviembre por riesgo de fuga. El supuesto “comercio ilegal” que habían realizado con la compra pública de mascarillas para Adif y puertos estatales -dependiente de Transportes- en marzo de 2020. El fiscal destaca el «preciso reparto de funciones» de los tres, tras ver «la oportunidad de obtener un beneficio económico común» en los contratos públicos de las empresas contratadas por Aldama, aprovechando la posición de Ábalos dentro del Gobierno y del PSOE como secretario de Organización.
Según la fiscalía, Ábalos habría aceptado comprar lotes de mascarillas a cambio de que él y Koldo recibieran una “compensación económica indebida” de Aldama, quien a su vez recibió 3,7 millones de euros. Como recompensa, dice fiscal, Aldama habría entregado a Koldo García 10.000 euros al mes en efectivoa veces en presencia de Ábalos, ya que se pretendía repartir entre los dos.
Hubo otros pagos que Aldama supuestamente premió con estancias en dos chalets en Málaga y Cádizademás de un contrato de alquiler con opción de compra un apartamento en madrid a un precio muy por debajo del de mercado, y el pago del alquiler mensual de un departamento para la pareja de la exministra, Jéssica Rodríguez. El fiscal también acusa a Ábalos de «promover la contratación» de Jéssica Rodríguez en Ineco y Tragsatec aunque nunca “desempeñó tarea alguna” entre 2019 y 2021, periodo en el que ganó cerca de 44.000 euros; Y Claudia Montesotra mujer vinculada a él, en la empresa pública Logirail.
La declaración del acusado.
Ábalos dice que no hay rastro del comisiones millonarias como señala Aldama. Además, niega irregularidades en los contratos y no acepta haber hecho mediación para fichar a Jéssica Rodríguez o Claudia Montes. Koldo, por su parte, asegura que los canales de compra de materiales no fueron manipulados por una conspiración, sino que «se regían por criterios de estricta necesidad» en «un mercado colapsado». En cuanto a la caja, la vincula a los gastos corrientes del PSOE. Aldama admite los delitos, pero pide una pena menor porque su “colaboración proactiva” favoreció la investigación.
Hay más de 80 testigos citadosentre los que destacan por su perfil político la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres. Ambos deberán responder de los contratos de mascarillas con empresas presentados por Aldama cuando presidían Baleares y Canarias respectivamente. Lo harán por escrito, pero no responderán un formulario de preguntas, sino que simplemente enviarán un “informe”.
El juicio, que no podrá seguirse en directo, se celebrará en tribunal penal.
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