Guerra en Irán | Trump amenaza con volar puentes y centrales eléctricas: ¿Es un crimen de guerra?
Donald Trump dejó el domingo en su red Truth Social un mensaje que pasará a la historia. «El martes será el Día de las Centrales Eléctricas, y el Día de los Puentes, todo junto en uno, en Irán. ¡¡¡Nunca habrá nada igual!!! Abrid el puto estrecho [de Ormuz], bastardos locos, o vivirás en el infierno. ¡Solo mira! Alabado sea Allah. Presidente DONALD J. TRUMP», escribió.
[–>[–>[–>De llevarse a cabo esos ataques de forma sistemática, se estarían violando las convenciones internacionales sobre la guerra firmadas por Washington, y la propia legislación estadounidense, según alertan expertos en derecho internacional.
[–> [–>[–>Las construcciones civiles no pueden ser objetivo en una guerra salvo que desde ellas se esté perpetrando un ataque en ese preciso momento, y aún en ese caso con matices. Es uno de los pilares básicos del derecho internacional sobre los conflictos bélicos, sustentado en media docena de textos.
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«Los bienes de carácter civil no serán objeto de ataques ni de represalias», se lee en los Convenios de Ginebra, de 1949. «Se prohíbe atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos», dice el Convenio IV de La Haya, de 1907. Se considera crimen de guerra «la destrucción arbitraria de ciudades, pueblos o aldeas o la devastación no justificada por las necesidades militares», según la formulación de los Principios de Núremberg, adoptados por la ONU a partir de la sentencia del Tribunal de Núremberg tras la Segunda Guerra Mundial.
[–>[–>[–>«El bombardeo de centrales eléctricas en el marco de un conflicto armado constituye un crimen de guerra de acuerdo con el derecho internacional, en la medida en que supone una violación grave del derecho internacional humanitario», explica a EL PERIÓDICO Amparo Alcoceba, profesora de Derecho Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid.
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La experta apunta a que la destrucción de esas infraestructuras violaría en particular, el artículo 54 del Protocolo I, añadido en 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales. En él se prohíbe expresamente «destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil» e incluso que puedan ser objeto de represalia. «En la medida en que estas centrales eléctricas proporcionan, por ejemplo, agua potable, calefacción a la población civil, y especialmente a hospitales y centros médicos, se está quebrantando este artículo. Ni siquiera sería posible en aquellos casos en que el adversario lo esté utilizando para una acción militar si el resultado ‘previsible sea dejar tan desprovista de víveres o de agua a la población civil que ésta se vea reducida a padecer hambre u obligada a desplazarse'».
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[–>Estados Unidos es parte de los Convenios de Ginebra de 1949 y del Convenio IV de La Haya de 1907. También firmó el Protocolo en 1977, aunque no prestó finalmente su consentimiento a obligarse por él. Sin embargo, para la experta, eso es irrelevante a efectos del derecho internacional porque el contenido de este Protocolo «es considerado derecho consuetudinario» y, en consecuencia, Estados Unidos está obligado a su cumplimiento.
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Ataques contra puentes en Irán
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En cuanto a los puentes, el artículo 42 del mismo Protocolo señala que «los bienes de carácter civil no serán objeto de ataques ni de represalias (…) En lo que respecta a los bienes, los objetivos militares se limitan a aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida».
[–>[–>[–>«No parece, por tanto, que volar deliberadamente ‘todos los puentes’, tal y como ha expresado el presidente Trump, respete el contenido de este artículo», concluye Alcoceba. «Es evidente que en ambos casos se producirían daños desproporcionados sobre la población civil».
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Prohibición del «pillaje»
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La misma guerra iniciada de forma unilateral y preventiva por Estados Unidos e Israel cae dentro de lo ilegal, a vista del consenso internacional vigente hasta ahora. No hay casus belli.
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Cien expertos y juristas han expresado su preocupación en una carta abierta publicada la semana pasada por Just Security. En ella afirmaban que la conducción de la guerra y la retórica de los responsables estadounidenses «plantean serias dudas sobre posibles violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos potenciales crímenes de guerra». Para los firmantes, «el mismo ataque constituyó una violación clara de la Carta de las Naciones Unidas».
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También está prohibido en la legislación internacional los intentos de quedarse con los recursos del país atacado, que se consideran pillaje. Trump lanzó una operación de captura del presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro, y a cambio de permitir que su número dos se quedara al mando del régimen, exigió el control del petróleo del país, que ejerce. Amenaza ahora con quedarse con el oro negro de Irán.
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En el Convenio de La Haya se lee: «El pillaje queda formalmente prohibido«. En el de Ginebra:»Se prohíbe el pillaje».
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Tiempos sin ley
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La retórica de Trump es consistente con su menosprecio a las instituciones globales y al derecho internacional. Y constituye un cambio de paradigma que se ha plasmado ya en las guerras totales de Ucrania, Sudán o Gaza, en las que se ha sobrepasado el límite de lo tolerable, con el uso del hambre como arma de guerra, el bombardeo sistemático de hospitales o los ataques contra el sistema energético.
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Durante la guerra de Israel contra Hamás en Gaza, se destrozó el grueso de los hospitales, universidades, panaderías, escuelas o centros religiosos de la Franja. En los casos más notables, Tel Aviv alegaba que era atacada desde esas posiciones. Hay una abrumadora evidencia en sentido contrario: las Fuerzas de Defensa de Israel han dinamitado miles de edificios vacíos, como universidades o viviendas. Existen centenares de casos documentados que han sido tenidos en cuenta por los jueces de la Corte Penal Internacional a pedir la detención del primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra, o por la Corte Internacional de Justicia lo estudia como presunto genocidio.
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Israel sigue perpetrando estos presuntos crímenes de guerra en Irán. Bombardeó cuatro depósitos de petróleo y un sitio logístico de productos petroleros en Teherán, provocando una nube tóxica de humo negro sobre la capital de nueve millones de habitantes.
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Irán también lanza ataques que violan aparentemente el derecho internacional. Ha lanzado drones contra una desalinizadora en Kuwait. Estas plantas de procesamiento de agua son vitales para los países desérticos del golfo Pérsico, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o la mencionada Kuwait. Además, ha usado munición de racimo sobre las ciudades israelíes, según denuncia Tel Aviv.
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La retórica de Trump contra Irán
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Pero que el presidente del país que lidera el llamado mundo libre amenace con cometer estos crímenes supone un salto cualitativo en la historia reciente. Algunos sostienen que no es más que una escalada retórica para conseguir un acuerdo con Teherán. Trump ha dado un ultimátum al régimen de los ayatolás para que reabra el estrecho de Ormuz antes de este martes, o realizará unos ataques inéditos.
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Pero lo cierto es que Estados Unidos ya ha atacado objetivos civiles en Irán. Destruyó el puente B1, ubicado en Karaj, según se atribuyó el propio presidente Trump. Un misil Tomahawk estadounidense también destruyó el colegio de niñas iraní de Minab, matando a cerca de 200 personas, en su mayoría pequeñas de entre siete y 12 años, según una investigación interna del Pentágono.
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El secretario de la Guerra, Pete Hegseth, ha elevado también el tono belicista. Se ha hecho eco de las palabras del presidente sobre «devolver Irán a la Edad de Piedra». Impone una doctrina agresiva y sin límites en el Pentágono. Él mismo ha destituido a abogados militares, que es el cuerpo dentro de los ejércitos modernos encargado de validar los ataques de acuerdo a la legislación nacional e internacional. También ha ordenado desmantelar muchas de las oficinas creadas para evitar ataques contra civiles y contra instalaciones vinculadas a ellos, según cuenta el NYT.
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Excepciones sobre ataques a infraestructuras
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Durante su guerra en Gaza, Israel usó el término «objetivos de fuerza» de Hamás para ampliar el límite de lo que se podía bombardear. El sintagma resumía la idea de que una central eléctrica, una desalinizadora o un hospital podían ser objetivos legítimos porque su destrucción debilitaba al enemigo.
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Estados Unidos de momento no ha usado esa distorsión lingüística. Pero el tono del presidente y su responsable militar apuntan a que podría empezar a justificar así los ataques. El propio Trump dijo en una entrevista con el NYT que no necesita los límites de la legislación internacional de la guerra y que solo se siente constreñido por su propia moral.
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Si finalmente Trump ordena bombardear centrales eléctricas y puentes, el Ejército deberá protegerse legalmente. La normativa militar estadounidense (el Código Uniforme de Justicia Militar) obliga a los mandos militares o a los soldados a desobedecer y denunciar órdenes claramente ilegales.
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Los objetivos civiles pierden la condición de lugares protegidos en algunas circunstancias. En caso de duda sobre si una casa, escuela o edificio es civil o se usa para fines militares, «se presumirá que no se utiliza con tal fin». Y aun cuando un bien pase a ser objetivo militar, sigue rigiendo la prohibición de lanzar ataques con daños civiles incidentales «excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista».
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En la definición de La Haya de 1907, se prohíbe el ataque de «ciudades, pueblos, edificios que no están defendidos». En los Principios de Núremberg se considera una destrucción arbitraria y, por tanto, ilegal, aquellos ataques «no justificados por necesidad militar». En la Carta de Naciones Unidas se considera que una infraestructura civil pierde esa condición cuando ha pasado a ser un objetivo militar, por ejemplo porque desde ahí se perpetren ataques, y aun en ese caso se deben aplicar los límites de «necesidad, distinción, proporcionalidad y precaución».
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Es decir, no se permite la destrucción arbitraria y a gran escala de infraestructuras civiles, como amenaza con hacer el presidente estadounidense, Donald Trump, desde este mismo martes.
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