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bajar el IVA del combustible al 10% incumple la ley europea

bajar el IVA del combustible al 10% incumple la ley europea
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  • Publishedabril 7, 2026




La Comisión Europea (CE) ha advertido a España de que bajar el IVA de los carburantes al tipo reducido del 10%, como ha hecho el Gobierno dentro de las medidas adoptadas para aliviar a los ciudadanos de la subida de los precios de los carburantes a causa de la guerra en Oriente Medio, se aparta de la normativa europea sobre este impuesto.

El Ejecutivo comunitario así se lo ha trasladado a las autoridades españolas, así como a las de Polonia, en una carta enviada a ambas el 28 de marzo, según informó este martes el diario El País y confirmó a EFE un portavoz comunitario.

«En la carta recordamos a las autoridades nacionales que la directiva del IVA no contempla la posibilidad de aplicar un tipo reducido al suministro de combustible», afirmó.

En cambio, el departamento encabezado por el Comisario de Clima y Fiscalidad, Wopke Hoekstra, recomienda reducir los impuestos especiales sobre los hidrocarburos.

Fuentes del Ministerio de Hacienda han defendido que la bajada del IVA sobre los carburantes es una medida temporal y no estructural, y han destacado que el Ejecutivo mantiene un diálogo constructivo y fluido con la Comisión Europea.

En cualquier caso, han destacado que la prioridad del Gobierno es apoyar a familias, autónomos y empresas para mitigar los efectos de una guerra que, defienden, nunca debería haber comenzado.

La reducción del IVA sobre los carburantes del 21% al 10% es una de las principales medidas del paquete anunciado a finales de marzo por el Gobierno para hacer frente al aumento de los precios de la energía debido a la guerra en Oriente Medio, valorados en conjunto en unos 5.000 millones de euros.

Aunque el establecimiento de los tipos impositivos es responsabilidad de los gobiernos nacionales, la directiva europea del IVA limita los bienes y servicios a los que los países de la UE pueden aplicar sus tipos reducidos y superreducidos, que en el caso de España son del 10% y el 4%, respectivamente.

En cuanto a la posibilidad de reducir los impuestos especiales, el paquete de medidas adoptado en España a finales de marzo ya hace uso de ella, mediante una rebaja de 14,49 céntimos de euro por litro para la gasolina de 98 octanos y de 4,9 céntimos por litro para el diésel.

La CE ha recomendado a los países miembros que las medidas que tomen para paliar la subida de los precios de la energía sean «selectivas» y «temporales» para no disparar los niveles de déficit y deuda, pero también que no contribuyan a aumentar la demanda de combustibles fósiles.

En este sentido, entre sus recomendaciones está gravar la electricidad con tipos más bajos que los hidrocarburos.

«Cualquier política nacional eficaz para proteger nuestra economía y a nuestros ciudadanos debe alinearse con ciertos principios clave. Estos incluyen la necesidad de ser selectivos y temporales, no aumentar la demanda agregada de petróleo crudo y gas y ser coherentes con la necesidad de seguir descarbonizando nuestro sistema energético», afirmó el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, tras la última reunión del Eurogrupo.

A diferencia de la crisis desatada por la guerra en Ucrania, que se limitó a Europa y derivaba de su dependencia de los combustibles fósiles rusos, el conflicto en Oriente Medio es global, por lo que otros países a los que la UE recurrió para diversificar su suministro de este tipo de combustibles también se ven afectados. De ahí que Bruselas insista en no aumentar la demanda de las mismas, lo que podría contribuir a la inflación, así como en seguir impulsando las renovables.

El Ejecutivo comunitario tiene previsto presentar próximamente una batería de medidas a las que los Estados podrían recurrir para afrontar las subidas de los precios de la energía, aunque de momento no hay fecha para ello.

En este contexto, España, Alemania, Italia, Portugal y Austria enviaron la semana pasada una carta a Hoekstra en la que piden que el Ejecutivo comunitario desarrolle medidas para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas con el fin de repartir «equitativamente» las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.



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