El Trasvase Tajo-Segura, a la espera de dos sentencias que marcarán su futuro inmediato
El pulso por el agua vuelve a estrecharse en un momento decisivo para el Levante. El Trasvase Tajo-Segura, pieza clave para la agricultura y la economía de la Región de Murcia, entra en una fase crítica marcada por los tribunales y por una inusual toma de palabra del Gobierno central, que hasta ahora había optado por la prudencia —cuando no el silencio— en uno de los asuntos más sensibles de la política hidráulica española.
[–>[–>[–>La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, reconoció esta semana que el Ejecutivo está pendiente de dos sentencias del Tribunal Supremo antes de decidir cualquier movimiento que suponga un cambio de las reglas de explotación. «Faltan dos», afirmó ante los medios, insistiendo en que el Ministerio actuará cuando exista «la certeza máxima con todas las sentencias y todos los procedimientos». No es una declaración menor: se trata de un asunto incómodo para el Gobierno, que lleva meses esquivando un posicionamiento claro mientras crece la presión desde distintos territorios.
[–> [–>[–>El pronunciamiento llega apenas días después de que Castilla-La Mancha haya elevado el tono con un recurso contencioso-administrativo contra el propio Ministerio, al que acusa de no haber aplicado en plazo los caudales ecológicos en el Tajo. La Junta considera que la situación es «insostenible» y habla incluso de «daño ecológico irreparable» en espacios protegidos, reforzando así su ofensiva judicial para limitar los envíos de agua hacia el sureste.
[–>[–>[–>
Pero en paralelo a este frente político, el verdadero punto de inflexión se encuentra en los tribunales. Dos recursos pendientes de sentencia condicionan el futuro inmediato del Trasvase y, por extensión, el margen de actuación del Gobierno. Ambos están dirigidos por el destacado despacho Menéndez & Asociados Abogados especializado en Derecho Público, Medio Ambiente y Derecho Territorial.
[–>[–>[–>Una de las abogadas de los regantes, Isabel Caro-Patón, ante la atenta mitad del presidente de Scrats, Lucas Jiménez. / Juan Carlos Caval
[–>[–>[–>
El primero de ellos, impulsado por el Sindicato Central de Regantes del Trasvase (Scrats), es el más avanzado. «Tiene el señalamiento de votación y fallo el 5 de mayo», explican desde el despacho, aunque matizan que se trata de un trámite interno del Supremo. Aun así, los letrados aventuran una previsión: «Antes del verano seguro; quizá en junio». Este recurso cuestiona de raíz la base técnica de la planificación hidrológica del Tajo, en particular la fijación de los caudales ecológicos. En este sentido, denuncian «errores metodológicos» y decisiones «arbitrarias» y sin justificación ambiental que, aunque no hayan tenido efectos visibles en años de lluvias excepcionales, suponen a medio plazo «un mazazo» para los regantes del Trasvase.
[–>[–>[–>
El señalamiento para la votación y fallo del recurso del Scrats será el 5 de mayo
[–>[–>[–>
Más desapercibido, pero con un enfoque estratégico diferente, es el recurso de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Su tramitación avanza a otro ritmo. «Estamos todavía en fase de pruebas», detallan desde Menéndez & Asociados, lo que retrasa cualquier estimación. Tras ese trámite, vendrán las conclusiones de las partes y la deliberación del tribunal, por lo que la sentencia se iría previsiblemente más allá del verano.
[–>[–>
[–>La diferencia entre ambos procedimientos es clave para entender el alcance del conflicto. Mientras el recurso del Scrats se centra en la planificación del Tajo y en la legalidad de los caudales ecológicos, el del Campo de Cartagena introduce una variable especialmente sensible: la protección del Mar Menor. «La relación entre el uso del agua en la zona y el estado del Mar Menor es absoluta», explican los abogados de los regantes.
[–>[–>[–>
Cultivos de regadío en el entorno del Mar Menor. / Iván Urquízar
[–>[–>[–>
En este caso, la comunidad de regantes no solo defiende la continuidad del Trasvase, sino un modelo de gestión hídrica que considera compatible con la sostenibilidad ambiental». No se puede, advierte el despacho con sede en Barcelona, sostener ese modelo de gestión integral del agua (incluyendo la desalada y la reutilizada), que armoniza la actividad económica y la protección del Mar Menor, sin los aportes del Trasvase. «No podemos renunciar al agua trasvasada», insisten, mientras también reclaman una mayor implicación del Estado en la protección del acuífero y en la adopción de medidas que permitan mantener ese equilibrio entre agricultura y medio ambiente. Sin esos aportes externos el sistema actual no podría sostenerse, concluyen.
[–>[–>[–>Más optimismo con el recurso de los regantes del Campo de Cartagena entre letrados
[–>[–>[–>
El trasfondo de esta batalla judicial es bien conocido en la Región de Murcia. Las nuevas reglas de explotación, en vigor desde la última planificación hidrológica, implican un recorte estimado de 105 hectómetros cúbicos anuales. Una reducción que el sector agrario percibe como una amenaza directa, especialmente de cara a 2027, cuando podrían coincidir menores aportaciones del Trasvase y además restricciones para las aguas subterráneas.
[–>[–>[–>
Con este escenario, el calendario judicial se convierte en la brújula del conflicto. Primero llegará, previsiblemente antes del verano, la sentencia sobre el recurso del Scrats. Después, en una fecha aún incierta, la del Campo de Cartagena. Dos fallos que no solo resolverán cuestiones jurídicas, sino que marcarán el margen político del Gobierno y el futuro de una infraestructura vital para el sureste español.
[–>[–>[–>
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí