En noviembre pasado, el ex fiscal general del estado, Álvaro García Ortizfue condenado a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros y a indemnizar a Alberto González Amador, socio de Isabel Díaz Ayuso, por daño moral por revelación de secretos.

Poco después, el Fiscalía Pidió a la Corte Suprema que anulara su condena, que anuló la decisión. excluir una vulnerabilidad de los derechos fundamentales durante el juicio, por lo que rechazó el argumento de que el condenado desconocía la acusación. El siguiente paso fue acudir al Tribunal Constitucional por presunta vulneración de derechos fundamentales.

El Ministerio Público así lo hizo este viernes, y volvió a solicitar a la anulación de la sentencia del Tribunal Supremoquien consideró que había cometido un delito de revelación de secretos en relación con la filtración de datos en el caso seguido de un presunto delito fiscal contra el empresario, socio del presidente de la Comunidad de Madrid.

Interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que considera que el Tribunal Superior violó cinco derechos fundamentales de García Ortiz, como el presunción de inocencia o un procedimiento con todas las garantíassubrayaron en un comunicado de prensa, agregando que violación del conocimiento de la acusación y de su defensa, así como de la legalidad penal.

La Fiscalía critica al Tribunal Supremo por haber elegido la interpretación «más desfavorable» de la condena del exfiscal general del Estado. Asimismo, acusa nuevamente el allanamiento ordenado por el juez Ángel Hurtado en su despacho, un «medida indiscriminada de interferencia«que «no estaba justificado» y en el que se basa»una de las pruebas que respaldan la condena«, en referencia a la eliminación de las conversaciones de García Ortiz.

Denuncian “una acusación sin precedentes”

Además, destaca que el Tribunal Supremo no tuvo en cuenta el “valor exculpatorio” de “testimonios fuertes» periodistas a favor del exfiscal, llamada donde negaron conocer el correo electrónico que supuestamente envió García Ortiz. Critica el «giro sorprendente» de su condena, alegando que al principio «expresamente excluido«la publicación del comunicado de prensa antes mencionado, entonces el incluido en el castigo.

Por tanto, denuncian que lo ocurrido fue “una nueva acusación de la que el imputado no podía ni debía defenderse”. Y cuestionan la interpretación del delito «que se compromete incluso si los datos en cuestión son de conocimiento público«, contrariamente a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, «que se corrige de forma sorprendente e imprevisible».

Una interpretación que conduce “a resulta axiológicamente incompatible con el papel predominante que, en nuestro Estado democrático, tiene el derecho de los ciudadanos a dar y recibir información veraz», según el fiscal.

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