La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha endurecido su postura frente a las comunicaciones comerciales no deseadas, confirmando sanciones que pueden ascender hasta 300.000€ para aquellas entidades que no respeten el llamado «derecho de oposición» de los ciudadanos.

Este principio, recogido en el artículo 21 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), faculta a cualquier persona a vetar el tratamiento de su información personal con fines de marketing directo.

Según fuentes de la propia Agencia, “Una vez ejercido este derecho con esta finalidad, los datos personales dejarán de ser tratados para tales finalidades”.

El aumento de la vigilancia coincide con la entrada en vigor de la nueva Ley General de Telecomunicaciones y su desarrollo normativo, que han trasladado la carga de la prueba a las empresas: ya no basta con que el usuario no haya objetado, es la empresa la que debe demostrar que tuvo una consentir contacto previo, libre e inequívoco.

Consulta de listas de exclusión y carga de la prueba

El AEPD Destaca que la verificación de los sistemas de exclusión publicitaria, como la citada Lista Robinson, constituye una obligación inexcusable para cualquier responsable de marketing.

Ignorar este filtro o persistir en las llamadas tras la clara oposición del consumidor se interpreta como una infracción Violación directa del derecho fundamental a la protección de datos, como se refleja en las sanciones que ya afectan a las pequeñas y medianas empresas.

De hecho, la Autoridad ha subrayado que la no consulta de estos registros puede acarrear multas de hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual global. La postura del AEPD es inequívoco: no hay lugar para «ignorancia» normativo.

Como se ha demostrado en las primeras multas a Pymes En el caso del spam telefónico, la Agencia aplica criterios de proporcionalidad, pero no exime a ningún actor del mercado del cumplimiento de la ley, independientemente de su tamaño.