MADRID, 14 de abril (EUROPA PRESS)-

La guerra desatada el 15 de abril de 2023 en Sudán por las tensiones internas entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en el marco de la frágil transición abierta tras el derrocamiento cuatro años antes de Omar Hassan al Bashir cumple este miércoles tres años, con el país sumido en una de las peores crisis humanitarias de las últimas décadas y sin que las partes parezcan cercanas a ningún tipo de acuerdo negociado para poner fin al conflicto.

El conflicto estalló tras meses de disputas internas entre los hasta entonces principales aliados de las Fuerzas Armadas y RSF, Abdel Fattá al Burhan y Mohamed Hamdan Dagalo, respectivamente, fricciones que derivaron principalmente de los esfuerzos por integrar al grupo paramilitar en la estructura del Ejército, en medio de sospechas sobre el reparto de poder e influencia.

La caída de Al Bashir fue provocada por un golpe de Estado liderado por Al Burhan – y apoyado por Dagalo – después de semanas de movilizaciones por la crisis económica y para exigir un proceso de transición civil, tarea confiada a Abdullah Hamdok, quien fue nombrado primer ministro para organizar un proceso hacia las elecciones, un período marcado sin embargo por la mano militar.

De hecho, Hamdok fue derrocado en un segundo golpe -de nuevo liderado por Al Burhan y apoyado por Dagalo, entonces presidente y vicepresidente del Consejo de Transición Soberana, respectivamente-, aunque el primer ministro fue restituido poco después para intentar calmar las aguas tras la sangrienta represión de las protestas, motivo por el que acabó dimitiendo.

A partir de ese momento, las tensiones sociales y el aumento de las fricciones entre los dos ‘hombres fuertes’ por las sospechas sobre las aspiraciones de poder y el reparto de los beneficios económicos de los recursos que cada uno podría haber llevado a un punto de no retorno, con la población civil atrapada en el fuego cruzado.

Aunque el origen inmediato de la guerra quedó reflejado en estas disputas, el conflicto tiene factores históricos que han configurado las hostilidades, entre ellos el papel de Dagalo, conocido como ‘Hemedti’, y sus RSF -fundadas durante el régimen de Al Bashir como una amalgama de las milicias ‘janjawid’, ya implicadas en el conflicto desde 2003 en Darfur.

Sudán ya había atravesado dos guerras civiles desde su independencia en 1956 -tras ser durante la primera mitad del siglo XX un protectorado conjunto de Egipto y Reino Unido conocido como Condominio Anglo-Egipcio, que incluía parte del este de Libia y el actual Sudán del Sur-, un periodo marcado por las tensiones entre el norte y el sur del país.

Las diferencias entre el norte, de mayoría árabe y musulmana y considerado más desarrollado; y el sur, de mayoría cristiana y animista y menos desarrollado -en gran parte debido a la desigual distribución de la riqueza- desembocó en dos guerras civiles, incluida una entre 1983 y 2005 que estuvo marcada por numerosas atrocidades y que finalmente desembocó en la independencia de Sudán del Sur en 2011.

Además, durante este período estalló la guerra en la región occidental de Darfur, en la que las fuerzas gubernamentales de Al Bashir, respaldadas por milicias árabes ‘janjawid’, cometieron genocidio contra tribus no árabes de la zona, lo que llevó a la Corte Penal Internacional (CPI) a emitir órdenes de arresto contra el entonces presidente y otros altos funcionarios.

EL CONFLICTO ACTUAL

Las nuevas hostilidades cogieron por sorpresa a la población, atrapada en zonas bajo control de uno de los dos partidos, y las RSF se apoderaron rápidamente de gran parte de Darfur y Kordofán -sus bastiones históricos- y de la capital, Jartum, lo que obligó a las autoridades a trasladar su base a Port Sudan, a orillas del mar Rojo.

Las primeras etapas estuvieron marcadas además por nuevas acusaciones contra las RSF por masacres y atrocidades en Darfur, incluido el asesinato en junio de 2023 del gobernador de Darfur Occidental, Jamis Abakar, y la masacre en noviembre de 2023 de más de 800 personas en Ardamata, siendo la comunidad masalit la principal víctima de los paramilitares.

La escalada de la guerra, que ha provocado la mayor crisis de desplazamientos del mundo, y el fracaso de las negociaciones de 2023 en Arabia Saudí, llevaron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a aprobar en marzo de 2024 una resolución pidiendo el cese inmediato de la violencia, que abrió la puerta a un proceso mediado por Libia y Turquía, aunque quedó en nada por las exigencias del Ejército para que los paramilitares se retiraran antes de las zonas que controlan.

Posteriormente, las Fuerzas Armadas lograron un renovado impulso sobre el terreno, con una ofensiva en la segunda mitad de 2024 que les permitió recuperar el control de Jartum y las zonas adyacentes de Omdurman y Bahri, en un revés para las RSF, que respondieron con un acuerdo con grupos de oposición aliados para crear un gobierno paralelo y ataques coordinados en Darfur.

De hecho, en octubre de 2025, las RSF lograron tomar El Fasher, capital de Darfur del Norte y última gran ciudad bajo control gubernamental en la región, donde durante los días siguientes llevaron a cabo masacres, secuestros, torturas y violencia sexual contra la población, que llevaba casi 18 meses sitiada por los paramilitares.

Desde entonces, el grupo ha centrado su atención en la región de Kordofán, donde ha logrado avances con el apoyo del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán/Al Hilu Norte (SPLM/N-Al Hilu) -un grupo rebelde activo principalmente en esta zona- en medio de quejas de la ONU y de las ONG sobre el creciente uso indiscriminado de drones y artillería entre las partes.

INTERNACIONALIZACIÓN Y AUSENCIA DE NEGOCIACIONES

La guerra ha estado marcada casi desde su inicio por su internacionalización, con la implicación de actores regionales y extrarregionales, lo que ha ayudado a atrapar a los rivales, que siguen confiando en poder imponer su dominio en el campo de batalla y lograr una victoria militar.

Las autoridades sudanesas han acusado a Emiratos Árabes Unidos (EAU) de ser el principal valedor de RSF y han presentado a la ONU documentación con pruebas sobre la entrega de armas, material y financiación a los paramilitares, principalmente a través de Chad, país en alerta en los últimos meses por varios ataques contra su territorio.

Jartum, que habría contado con apoyo en distintos grados de Egipto, Irán y Turquía, también ha denunciado el papel de Etiopía por su presunto apoyo a RSF, que también ha contado con ayuda de mercenarios del antiguo Grupo Wagner y de fuerzas leales a las autoridades del este de Libia, encabezadas por Khalifa Haftar.

Sudán también se ha mostrado crítico con el papel del alto asesor de Estados Unidos para África, Massad Boulos -que recientemente presentó un nuevo marco para promover el diálogo-, al tiempo que ha criticado a otros países, como Etiopía, por mantener su apoyo a RSF y prolongar así la guerra.

El plan de Boulus tiene «cinco pilares»: una tregua humanitaria inmediata; acceso humanitario sostenido y protección de los civiles; un alto el fuego permanente y acuerdos de seguridad creíbles; una transición política inclusiva y dirigida por civiles; y un camino a largo plazo hacia la recuperación y la reconstrucción que restablezca la estabilidad y las oportunidades para el pueblo de Sudán.

Sin embargo, Al Burhan insistió en que no aceptará ninguna propuesta que no incluya una retirada de las RSF. «Lucharemos contra ellos hasta que se rindan», respondió, en una señal de que la guerra, que también está lejos de las prioridades de la agenda política internacional, entra en su cuarto año sin visos de terminar en un futuro próximo.