Los interinos en abuso de temporalidad y para aquellos que no hayan sido convocados o no se hayan cubierto los puestos de estabilización comprometidos, Han llegado a 125.000 trabajadoressegún revela CSIF.

Lo ha hecho después de que se conociera la sentencia del TJUE en la que consideraba que las medidas previstas en España para abordar el uso de contratos temporales sucesivos en el sector público no se ajustan al Derecho de la Unión.

Por su parte, el sindicato denuncia que las administraciones públicas están incumpliendo «sistemáticamente» la Ley Temporal. «Esta situación pone de relieve la ineficiencia y falta de voluntad política de las distintas administraciones, lo que supone un incumplimiento flagrante de lo establecido por mandato legal en la Ley 20/2021, ya que la resolución de los procesos de estabilización debería haberse llevado a cabo antes del 31 de diciembre de 2024.»

«Esta situación pone de manifiesto la ineficiencia y falta de voluntad política de las diferentes administraciones, lo que supone un flagrante incumplimiento de lo establecido por mandato legal en la Ley 20/2021, ya que la resolución de los procesos de estabilización debería haberse llevado a cabo antes del 31 de diciembre de 2024», sostiene CSIF.

La tasa de temporalidad en el sector público, por su parte, permanece estancado en el 30%una cifra que duplica la del sector privado. Esto se debe a que las administraciones siguen contratando personal interino como consecuencia de la tasa de reposición, ahora eliminada en un acuerdo alcanzado el pasado mes de noviembre entre los sindicatos de Gobierno y Servicios Públicos.

En cualquier caso, la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo de acuerdo con las leyes españolas, ya que la figura jurisprudencial de «indefinido no fijo» no constituye una verdadera sanción por abuso.

Medidas ante la sentencia del TJUE

Ante esta situación, el sindicato propone varias medidas y sanciones a implementar. En primer lugar, pide regular en el ordenamiento jurídico español «sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables» a los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal.

Además, solicita que las medidas recaigan directamente en los altos cargos de aquellas administraciones que incumplan la norma y no sean simplemente una responsabilidad administrativa.

CSIF también exige que en las ofertas de empleo público se convoque a todos los puestos estructurales para prestar el servicio y evitar así recurrir a la contratación temporal. También una reducción de los plazos de ejecución de los procesos de selección, ya que el actual plazo máximo de tres años «se incumple sistemáticamente».