Las conclusiones de los eurodiputados que viajaron a España el pasado mes de febrero para conocer las circunstancias del cierre previsto del Central nuclear de Almaraz. Los diputados, que acudieron a petición de la plataforma de trabajadores, vecinos y empresarios de la zona Sí a Almaraz, Sí al futuro, visitaron la sede y hablaron con representantes políticos (Sara Aagesen no estaba entre ellos). Ahora, trasciende eso El borrador del informe recomienda al Gobierno de Pedro Sánchez no ejecutar sus planes dada la devastación que supondría para la zona y los riesgos energéticos.

El borrador, que será presentado este miércoles ante el resto de miembros de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, y que no es vinculante, exige «que Se revierte el cierre de la planta de Almaraz para garantizar la estabilidad de la red». Los eurodiputados piden también al Ejecutivo de Sánchez que realice «una evaluación de impacto transparente», así como que mantenga «un diálogo efectivo» con todas las partes implicadas sobre las decisiones sobre «grandes infraestructuras energéticas que tienen importantes consecuencias socioeconómicas a nivel regional», en referencia al impacto del cierre de Almaraz en la región donde se construye y en toda Extremadura.

En el informe recuerdan cómo la energía nuclear está reconocida en la taxonomía europea como una actividad «de transición» para mitigar los efectos del cambio climático y advierten de que cualquier cierre industrial en una región como Extremadura conlleva «riesgos demográficos y económicos». «Cualquier transición debe ir acompañada de una sólida diversificación económica y oportunidades de empleo a nivel local«, señalan.

El aviso de Europa llega mientras el Consejo de Seguridad Nuclear estudia la solicitud de los propietarios de una prórroga de tres años, hasta 2030. Se espera que el fallo llegue en verano y será entonces el Gobierno quien tendrá que decidir, si es positivo como se espera, si permite que la central siga funcionando.

Desde el sector, las empresas propietarias, como Iberdrola este lunes, insisten en la conveniencia de que España preserve su parque atómico. Mientras tanto, la industria española confía en que prevalecerá el «sentido común» ante las implicaciones que tendría el cierre: «Sería un desastre».