Del análisis realizado se llega a la conclusión de que las pensiones prometidas generan una rentabilidad implícita superior a la capacidad de crecimiento de la economía española. En concreto, aseguran que la tasa interna de retorno (TIR) ​​del sistema ronda el 2,6% anual, mientras que el crecimiento económico esperado a largo plazo apenas alcanza el 1,2%. Esta brecha estructural implica que el sistema promete beneficios por encima de lo que puedes financiar de forma sostenible.

Como resultado, los jubilados actuales reciben, en promedio, un 62% más de lo que aportaron durante su vida laboral y, si se mantienen las reglas actuales, esta proporción podría superar el 100% en las próximas décadas, en 2045, lo que agravaría el agujero financiero y aumentaría la carga para las generaciones futuras. «Alguien que hoy tenga 30 años tendrá que financiarlo vía cotizaciones o impuestos», explica Santiago Calvo, doctor en Economía y uno de los autores del estudio, por lo que la pensión de los trabajadores actuales está garantizada «mientras el sistema aguante» pero bajo un modelo que sea «en grave riesgo».

Este inadaptación no se puede corregir según el trabajo con reformas marginales o ajustes paramétricos. «El problema no es de nivel, sino de coherencia actuarial», ya que el sistema «promete sistemáticamente más de lo que puede sostener con sus propios ingresos», advierten los autores del trabajo.

«Preservar el sistema de pensiones requiere asumir que la estabilidad no se logra manteniendo intactas sus reglas, sino adaptándolas a una realidad demográfica y económica diferente», afirma el Centro Ruth Richardson, que propone una reforma integral basada en un modelo de tres pilares que permita, afirman, «restaurar la sostenibilidadmejorar la equidad intergeneracional y aumentar la transparencia del sistema.

El primer pilar consistiría en un sistema de distribución de cuentas nocionales, donde cada trabajador acumula un saldo virtual ligado a sus aportes, ajustado al crecimiento económico. Esta fórmula es una propuesta recurrente de estudiosos del sistema, como Fedea. El Centro explica que «este mecanismo garantiza automáticamente el equilibrio actuarial y elimina las transferencias implícitas entre generaciones». El segundo pilar introduciría un sistema de capitalización ocupacional obligatorio, vinculado al empleo, en el que las aportaciones se invertirían en activos financieros diversificados. Este componente permitiría, en opinión de los autores, generar retornos adicionales y reducir la dependencia exclusiva del sistema de distribución. Y el tercer pilar estaría orientado a ahorro individual voluntariocon incentivos fiscales, para complementar los beneficios de los dos primeros niveles. Según el informe, esta arquitectura de tres columnas permitiría diversificar los riesgos, reforzar la sostenibilidad financiera y ofrecer mayor certeza a los trabajadores sobre su futura pensión.

«El sistema de pensiones es el elefante en el salón de la economía española. Un problema conocido, cuantificado y repetidamente advertido, pero sistemáticamente pospuesto en el debate político. El diagnóstico está ampliamente documentado; La discusión ya no puede seguir girando en torno a si existe o no un problema, sino más bien a cómo abordarlo», explican.

Un sistema opaco

El trabajo enfatiza la falta de transparencia del sistema actual. Explica que, a diferencia de modelos como el sueco, donde los ciudadanos reciben información periódica sobre sus derechos acumulados, en España la pensión futura sigue siendo un desconocido para la mayoría de los trabajadores.

En su opinión, esta opacidad dificulta la planificación financiera a lo largo del ciclo vital y distorsiona decisiones clave como el ahorro, la movilidad laboral o edad de jubilación. «El sistema actual no sólo es financieramente frágil, sino institucionalmente opaco. Los trabajadores no saben cuánto tienen acumulado ni qué pensión pueden esperar, lo que limita su capacidad de decisión», concluye.