Vemos cables sueltos, no se ha contado con la Policía
A través de la red social ‘X’, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez agradeció el decreto que permite regularización extraordinaria de aproximadamente medio millón de inmigrantes que ya están en España como «un proceso historico«, con el que «damos un paso de justicia para quienes ya forman parte de nuestra vida cotidiana». «Regular no sólo es necesario: es justo», afirma el presidente en su mensaje en el que aboga por «el reconocimiento de una realidad que ya existe».
“Vemos cables sueltos”
En Antena 3 abordamos la situación de la regularización de inmigrantes con Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unido de Policíasen el Telediario de la Mañana de Manu Sánchez. Una vez analizada “rigurosamente” esta regularización, explica la portavoz, asegura que ven “cables sueltos desde muchos ángulos”, al tiempo que expresan el “enfado” que sienten, argumentando que “No contamos con la policía. tomar una decisión de inmigración tan importante.
Alarcón recuerda que “la Policía Nacional tiene competencia exclusiva en materia de inmigración”, a lo que declara: “Creo que Rara vez se nos escucha como expertos en el tema.«.
Ahora, otra de las dudas que surgen: ¿hay personal suficiente para realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo estas regularizaciones? El portavoz subraya que “no hubo refuerzos en las escuadras quienes se dedican a la elaboración de los informes policiales pertinentes para esta regularización.» «No se ha reforzado el personal y vemos que todo este poco control y planificación puede afectar directamente la seguridad públicaAnte esta falta de refuerzos en los equipos, Ana Alarcón cree que “vamos a tener mucha dificultad para garantizar que se puedan hacer todos los controles”.
Este jueves, el Tribunal Supremo rechazó la suspensión urgente del real decreto que facilitará la regularización de medio millón de inmigrantes, solicitada por la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica. La Sala de lo Contencioso Administrativo dictó auto en el que rechazó la medida cautelarísima de suspensión sin audiencia previa de las partes, por no concurrir circunstancias especiales de urgencia y, por el contrario, se compromete a tratar este incidente según el procedimiento ordinariopermitiendo un plazo de 10 días para presentar quejas al gobierno a través de la fiscalía general.
Este es el primer caso manejado por la Corte Suprema en relación con el regularización de inmigrantesmientras que varios gobiernos autonómicos del PP ya han anunciado que recurrirán el real decreto.
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