Los expedientes de apagón de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han causado revuelo en el sector energético español. La investigación del regulador sitúa las posibles infracciones cometidas por Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol en un periodo de dos años a la misma escala que las de Red Eléctrica el mismo día del incidente, según varias fuentes consultadas por ECONOMÍA DIGITAL.

El concurso ha abierto hasta 20 expedientes a las principales energéticas del país y al operador del sistema eléctrico que preside Beatriz Corredor. Lo anunció este viernes, en el plazo establecido para ello, y tendrá un plazo de hasta 18 meses para resolver los expedientes.

«El único relacionado con el apagón es el de Red Eléctricalos demás hacen referencia a dos años de funcionamiento de determinadas plantas.explican fuentes del sector a este medio.

Fuentes de una gran energética señalan que el regulador «Se va al año 2023 a analizar cosas de un apagón ocurrido en 2025. Además, hay una empresa que está más apuntada que el resto y que pone en riesgo la seguridad del suministro.

Entonces consideran que No todos los procedimientos abiertos por el regulador responden al mismo evento ni al mismo contexto operativo, restando importancia al análisis de situaciones que dicen no estar vinculadas al incidente que dejó sin electricidad a todo el país.

Una estrategia que el sector atribuye a la intención de repartir de alguna manera responsabilidades para que Red Eléctrica no sea quien asuma toda la carga sancionadora.

Red Eléctrica, la grande señalada por la CNMC pese al origen multifactorial

Tras meses de análisis, los informes elaborados por el Gobierno, la red europea de operadores (ENTSO-E) y la propia CNMC concluyeron que el origen del apagón fue multifactorial.

Es decir, no hubo un solo fallo ni un solo responsable, sino que una concatenación de circunstancias técnicas y operativas que llevaron al colapso del sistema.

Sin embargo, dentro de este mosaico de factores, el foco se ha ido estrechando progresivamente en Red Eléctrica como operador del sistema. Su papel central en la gestión de redes y la toma de decisiones en tiempo real lo sitúa en una posición única, tanto desde el punto de vista técnico como regulatorio.

la apertura de un El expediente por infracción “muy grave” refuerza esa percepción. Aunque el procedimiento se encuentra en una fase inicial, el mensaje enviado por el regulador parece claro: hay un nivel de responsabilidad que, al menos de forma preliminar, se concentra en el operador del sistema.

Sin embargo, el propio proceso administrativo introduce cautela. La incoación de un expediente no implica por el momento la existencia de una infracción probada.

Este es el comienzo de una investigación formal que debe realizarse con todas las garantías. La CNMC dispone de un plazo máximo de 18 meses para instruir y resolver los expedientesun plazo en el que las empresas podrán presentar alegaciones y defender sus actuaciones.

La ola de demandas judiciales

Este matiz no es menor, sobre todo teniendo en cuenta la ola de demandas que está a punto de caer. Desde finales de abril, un año después del apagón, los afectados Podrán iniciar acciones legales contra los posibles responsables.

La resolución de los expedientes sancionadores podría convertirse en un elemento clave en estos procesos, aunque no necesariamente decisivo. En este escenario, la estrategia del regulador adquiere una dimensión adicional.

Más allá de las posibles sanciones económicas, Sus decisiones contribuyen a configurar el marco interpretativo de lo sucedido. Y, como era de esperar, este marco será utilizado tanto por las empresas como por las víctimas en los tribunales.

El sector energético observa con preocupación esta derivada. La combinación de incertidumbre regulatoria y riesgo reputacional añade presión en un momento ya de por sí complejo, marcado por la transición energética, la volatilidad de los mercados y la necesidad de realizar inversiones millonarias en infraestructura de redes.

Al mismo tiempo, La CNMC se enfrenta al reto de demostrar que su actuación responde a criterios técnicos y jurídicos sólidos.lejos de cualquier tentación de repartir culpas indiscriminadamente.

La credibilidad del regulador está en juego, especialmente en un caso en el que ha tenido un impacto tan significativo en la opinión pública y que lleva incrementando la factura de la luz desde el día siguiente del apagón con el llamado «operativo reforzado» de Red Eléctrica.