El Partido Popular y Vox han firmado un acuerdo para gobernar Extremadura en coalición durante los próximos cuatro años. Marcha atrás tras la ruptura de todos los gobiernos autonómicos que ordenó Santiago Abascal en el verano de 2024.

El entendimiento ha sido posible pese a la permanente beligerancia de Vox contra el PP, el bloqueo de sus barones, que propició avances electorales consecutivos, y la desconfianza mutua. Pero ahora es el momento de ir juntos de la mano. De nuevo.

El pacto extremeño marca un nuevo punto de partida y, respecto a las alianzas del pasado, introduce novedades: Vox renuncia a su agenda más ideológica en cuestiones como la igualdad o el género y se centra, sobre todo, en la inmigración, el capítulo donde más cede el PP. Especialmente con la introducción de un concepto que está generando polvo.

«Prioridad nacional» Es la figura retórica que el PP le da a Vox para su batalla política. La teoría difundida por los líderes del partido verde en su parroquia es que, a partir de ahora, los españoles tendrán preferencia sobre los inmigrantes en la concesión de ayudas o prestaciones sociales.

Pedro Sánchez No ha tardado en aferrarse a la frase para azuzar a PP y Vox y convencer a su parroquia de que la derecha, como siempre, se apunta a suprimir derechos. En este caso, a los inmigrantes. El presidente del Gobierno anunció ayer que recurrirá «con toda la fuerza del Estado» si realmente fuera cierta la literalidad de lo que aparece en el pacto de Extremadura.

Antelo carga contra Vox

Son los propios críticos de Vox los que desmontan la teoría de la «prioridad nacional» que, como publica hoy LA RAZÓN, no dejará sin ayuda a ningún inmigrante que se encuentre en situación legal. Haciendo referencia a la información publicada por este periódico, el que fuera presidente del partido en la Región de Murcia y vicepresidente regional, José Ángel Antelo, ha escrito en su cuenta X: «Lo que llaman ‘prioridad nacional’ es en realidad ‘prioridad para los inscritos’ y según cómo lo hagan pueden excluir a los españoles de otras comunidades.

Se refiere, en concreto, al siguiente punto del documento programático: «Se establecerá un sistema de acceso a la vivienda protegida y al alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legislación vigente, que busca la asignación prioritaria de recursos públicos a quienes mantengan una conexión real, duradera y verificable con el territorio».

Es decir, se establecerá un requisito de antigüedad en el territorio, «basado en registro histórico» para la compra y alquiler de viviendas protegidas. Lo cual no excluye a los inmigrantes legalizados que hayan permanecido allí durante el periodo de tiempo establecido. Es más, quienes podrían quedar fuera de las ayudas son tanto inmigrantes como españoles que no acrediten una estancia mínima de empadronamiento en la región.

En opinión de responsables de Vox que alguna vez ocuparon puestos relevantes en el organigrama, la «prioridad nacional», en realidad, es «una estafa». Porque, a diferencia de lo que vende la actual dirección del partido, los inmigrantes seguirán recibiendo ayuda.