Ante el Tribunal Supremo, Francina Armengol limitó la veintena de contactos que mantuvo con Koldo García en menos de siete meses a «unos mensajes, que no recuerda y de los que no tiene constancia», entre abril y noviembre de 2020.

Coincidiendo temporalmente con la contratación del plan, en mayo y junio de 2020, para adquirir mascarillas por más de 3.700.000 fondos públicos. Así se refleja en los mensajes de WhatsApp encontrados por la Guardia Civil incluidos en un último informe entregado a la Audiencia Nacional.

La entonces presidenta socialista de Baleares negó en su declaración escrita en el primer juicio del caso haber «hablado» con Koldo «sobre expedientes de compra con cualquier empresa».

Sin embargo, el 26 de abril de ese año, Armengol se puso en contacto con el asesor ministerial y le preguntó «si conocía a alguien que vendiera mascarillas infantiles». «Dame unas horas y te lo arreglo», respondió, a lo que ella añadió: «Lo único que falta».

Horas más tarde llegaron los datos por los que consultó al exasesor de Ábalos: «Se tardaría siete días y el coste sería de 800.000 euros, dependiendo del avión y del transporte».

A continuación, Armengol explicó que «iba a llamar inmediatamente» a Manuel Palomino, que era director de gestión del Servicio Balear de Salud, y señaló que él, a su vez, «ahora le llamaría».

Además, el ahora presidente del Congreso de los Diputados fue el encargado de enviarle la documentación oficial. El 30 de octubre de 2020 le envió, tras interrogarle sobre si podían «hablar», un documento relacionado con la «propuesta de controles sanitarios en puertos y aeropuertos de Baleares».

El informe es una propuesta de acción ante la situación sanitaria de la pandemia que se vivía en ese momento, que propone el establecimiento de pruebas PCR a las personas que quisieran ingresar al archipiélago, y que, de no aceptar, tendrían que someterse a una cuarentena.

También se propone que la realización de estas pruebas se pueda realizar en aeropuertos y puertos, y se establece que la realización de estas pruebas de laboratorio «se contrataría externamente mediante un procedimiento de emergencia».

Esta información acabó rápidamente en manos de Víctor de Aldama, quien se la remitió a uno de sus socios en los negocios de salud, Ignacio Díaz Tapia, parte de los «cuatro mosqueteros» (así se hacían llamar en el grupo de WhatsApp que ambos compartían con César Moreno y Javier Serrano).

Pero Armengol también se encargó personalmente de enviar a Koldo los contactos telefónicos de distintos cargos de su administración insular, como la de su secretaria, Águeda Quiñero, o la de su ministra de Sanidad, Patricia Gómez. “Está bien cariño, te mantendré informada de todo”, respondió el asesor luego de recibir el número del consejero.

A su vez, recibió el número de Díaz Tapia, uno de los acusados ​​del «complot», de manos de la mano derecha de José Luis Ábalos en Transporte. Aun así, la actual autoridad tercera del Estado aseguró el pasado lunes al alto tribunal que sólo tenía conocimiento «meramente relacional» del contrato con Soluciones.

Y, al mismo tiempo, en esos meses, el acusado sirvió como canal de contacto y facilitador de las comunicaciones entre el presidente de las Islas Baleares y el ministro Ábalos. Por tanto, estas comunicaciones no procedieron únicamente de él, sino que también fueron iniciadas en distintas ocasiones por el líder del PSOE.

El 16 de junio de 2020, Armengol escribió a Koldo porque «necesitaba hablar con el ministro» y le explicó que ya le había «dejado un mensaje a través de su secretaria». «¿Me puedes ayudar?» preguntó.

Según refleja la Unidad Central Operativa (UCO), «el hecho de que el jefe del Govern balear pida su ayuda a Koldo para poder hablar con el ministro de Fomento, demostraría el predominio que habría ostentado dentro del citado ministerio, que utilizaría a favor de Aldama, a cambio de la correspondiente contraprestación económica».