El Gobierno sigue dando pasos en su estrategia hacia el Poder Judicial porque, en esencia, hay un plan para pasar del cuestionamiento concreto de resoluciones -ahora centrado en el juez Peinado y el «caso Begoña»- a la construcción de un relato estructurado en el que se presente la actuación de jueces y tribunales en su conjunto. intento de interferir en la acción política del Ejecutivo.

En el ámbito judicial lo ven claro: el siguiente paso es formalizar el discurso de ataque en términos políticos más contundentes, deslizándose en la idea de que lo que hay es un «golpe de Estado judicial» contra el Gobierno de Pedro Sánchez. O dicho de otro modo, creen que Moncloa busca justificar las causas judiciales que afectan al entorno del presidente de forma presunta invasión de funciones por parte de la Justicia en el ámbito de la decisión política.

En el centro de esta ofensiva está nada menos que el Ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha asumido el papel de portavoz institucional en esta lucha, con cada vez más velas puestas al diablo que a Dios. Su estrategia combina la defensa jurídica de las decisiones del Ejecutivo con una carga política creciente en el discursoen el que se cuestiona abiertamente la legitimidad de determinadas actuaciones judiciales. En cualquier caso, incluso si el ministro da su apoyo, El gran ideólogo de esta estrategia está en el Gabinete Presidencial, Diego Rubio.

El cambio no es menor. Hasta ahora, el Gobierno optó por una respuesta caso por caso, centrada en aclarar o reinterpretar decisiones judiciales concretas. Pero la agenda que afecta el entorno del presidente es apremiante, y el giro apuntaría a algo diferente: sostener una narrativa global que sitúa el conflicto en el terreno institucional y no sólo legal.

Este enfoque tiene varias implicaciones. Por un lado, permite al Ejecutivo reforzar su posición ante su propio electorado, transmitiendo la idea de que su agenda política encuentra resistencia en otros poderes del Estado. Por otro lado, aumenta el nivel de conflicto introduciendo términos de máxima gravedad política, con el consiguiente impacto en la percepción pública de las instituciones.

Fuentes jurídicas advierten de los riesgos de este enfoque. Equiparar decisiones judiciales -aunque sean controvertidas- con un intento de subvertir el orden constitucional representa, a su juicio, un salto cualitativo que puede erosionar la confianza en el sistema. No tanto por el contenido de las resoluciones, sino por el marco interpretativo que se construye en torno a ellas.

Pero el contexto judicial resulta asfixiante para el presidente Sánchez, con la inmediatez del juicio a su hermano David, y, en el horizonte, el de su esposa. Y el contexto político también explica, en parte, este endurecimiento del discurso: la debilidad parlamentaria del Gobierno y la presión de su propio bloque llevan al Gobierno a subir el tono y buscar un relato que una a su base y justifique sus movimientos.

A corto plazo, la estrategia puede resultar efectiva para Moncloa. A mediano plazo, el riesgo radica en las consecuencias de que el excepcionalismo se convierta en la norma y el cuestionamiento de las instituciones se convierta en una parte habitual del debate político. METROIndependientemente del término utilizado, lo que está en juego no es sólo una historia, sino la percepción misma del equilibrio entre poderes sobre el que se sustenta el sistema.