El Gobierno ha dado instrucciones para prisiones para facilitar la tramitación de solicitudes de regularización de presos extranjeros después de que uno de los principales socios parlamentarios del PSOE, Más Madrid, exigiera activar este mecanismo.

La medida, sin embargo, no ha sido anunciada oficialmente. EL ESPAÑOL ha tenido conocimiento de ello a través de una comunicación interna de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y del escrito remitido por el unión Tu abandono puede matarme (TAMPM).

La orden aparece en un documento interno relacionado con la aplicación del Real Decreto 316/2026, aprobado el 14 de abril.

El texto, firmado por el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente Cuenca, insta a los centros penitenciarios a identificar a los internos extranjeros que puedan beneficiarse de procesos de regularización y colaborar activamente en su tramitación.

Aunque no introduce cambios normativos, la instrucción sí tiene consecuencias operativas: obliga a las prisiones a implicarse en la gestión administrativa de estas solicitudes y a reforzar la coordinación con las oficinas de extranjería y delegaciones del Gobierno.

El objetivo es evitar que los reclusos permanezcan en situación irregular después de cumplir su pena, una escenario que dificultaría su reintegración, según argumenta el documento al que ha tenido acceso este periódico.

La medida afecta a un grupo importante. Más del 30% de la población penitenciaria en España es extranjera y supera las 15.000 personas. La mayoría procede de Marruecos y Argelia.

El movimiento Ejecutivo ha abierto un frente con los trabajadores penitenciarios.

El sindicato TAMPM denuncia que la Secretaría General actúa con «rapidez» cuando se trata de medidas que benefician a los internos, al tiempo que mantiene un «silencio sistemático» ante las exigencias de los funcionarios.

La organización evita cuestionar el contenido de la regularización, pero critica la falta de respuesta a las propuestas encaminadas a mejorar las condiciones laborales.

Entre ellos, la concentración de horas para reducir los desplazamientos -en muchos casos de hasta 50 kilómetros- o la reforma del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria reconocer a los funcionarios como agentes de autoridad, bloqueados durante más de siete años.

Demanda de más Madrid

En paralelo, el tema de la regularización de los extranjeros privados de libertad ya estuvo sobre la mesa del Consejo de Ministros aunque no ha sido un debate público.

El 15 de abril, Más Madrid registró una batería de preguntas en el Congreso para exigir al Gobierno que garantice el acceso a estos trámites a los inmigrantes detenidos en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

La formación alertó sobre posibles disfunciones en la aplicación del Reglamento de Extranjería y denunció casos en los que personas con arraigo comprobado quedan sujetas a órdenes de expulsión sin poder acceder a canales de regularización, lo que -en su opinión- podría vulneran principios como el de seguridad jurídica o el de proporcionalidad.

Sin embargo, éla la instrucción de Instituciones Penitenciarias —conocida ahora por canales internos y sindicales— sitúa al Gobierno en un nuevo equilibrio político: atender las demandas de sus socios en materia migratoria y al mismo tiempo hacer frente a la creciente malestar de los funcionarios penitenciarios.