La defensa de Koldo García ha pedido al Tribunal Supremo la suspensión «inmediata» del juicio hasta que se resuelva su última solicitud de nulidad o, en su defecto, que se incorpore al procedimiento el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contactos de su cliente con la entonces presidenta balear Francina Armengol, cuyas conclusiones -dice la abogada Leticia de la Hoz- contradicen el informe anterior de la unidad policial sobre el que declaró por escrito. Armengol. Algo que genera, subraya, una «contradicción probatoria de magnitud suficiente para comprometer la fiabilidad del testimonio».

Por todo ello, y dado que este dictamen, según su criterio, pone de manifiesto «un desacuerdo sustancial» con sus declaraciones, exige que se cite al actual presidente del Congreso de los Diputados a declarar de nuevo «en presencia del tribunal», como ya había solicitado sin éxito al principio la defensa de Koldo.

De lo contrario, advierte, provocaría al exasesor de Koldo «indefensión material», vulnerando su derecho a un proceso con todas las garantías, ya que entiende que se vería privado de «la posibilidad de confrontar adecuadamente pruebas de carácter pericial cuya credibilidad ha sido seriamente cuestionada por el nuevo informe».

«Doble persecución»

La abogada de Koldo insiste en la nulidad de todo proceso desde que el juez Leopoldo Puente dictó el auto de acusación, por lo que reitera que el procedimiento debe remontarse a ese momento.

Además, vuelve a otra de sus reiteradas peticiones: que el caso sea trasladado a la Audiencia Nacional «para garantizar la unidad del proceso» y evitar una «doble persecución que a la vez está prohibida».

Del mismo modo, vuelve a uno de sus caballos de batalla: que todos los efectos digitales intervenidos en el registro del domicilio de Koldo García que no hayan sido sometidos «al principio de contradicción» sean excluidos del caso y, por tanto, de todas las pruebas derivadas de aquellos análisis que considera viciados de nulidad.

La defensa del exasesor de Ábalos considera que el último informe de la UCO -que detalla más de una veintena de contactos entre Koldo y Armengol- es «el hecho desencadenante, aunque no el único», de las supuestas vulneraciones de derechos fundamentales que denuncia.

Se trata, destaca, del tercer informe en menos de seis meses sobre la compra de mascarillas en pandemia (el primero, del Gobierno canario, el segundo de Adif y el tercero, del Ejecutivo balear).

Tres informes con «la misma fisonomía»

«Los tres comparten la misma fisonomía: los mismos acusados, los mismos hechos nucleares, la misma presunta consideración, las mismas fuentes de prueba», llama la atención. Un patrón que califica de «acumulado y sistemático» y que considera «requiere una respuesta del Tribunal».

Por ello, De la Hoz sostiene que los mismos hechos están siendo investigados por dos tribunales diferentes: el Tribunal Supremo (ya en fase de juicio) y la Audiencia Nacional (aún en investigación). «La diferencia sólo está en la forma concreta de adjudicación», asegura.

Para el abogado, la suspensión del juicio es la única manera de «evitar que la continuación de las sesiones agrave irreparablemente las denuncias de vulneraciones de derechos fundamentales y produzca nuevos actos procesales viciados sobre un objeto del proceso que simultáneamente se investiga en la Audiencia Nacional».