Lo que ocurrió no fue un accidente, sino una cadena de falta de control
La diputada del grupo mixto Covadonga Tomé, presidenta de la comisión de investigación de Cerredo, ha sido dura a la hora de señalar que la administración falló en la supervisión de la mina de Cerredo, en la que en marzo de 2025 murieron cinco trabajadores en una explosión de grisú, trabajando para una empresa que extraía carbón ilegalmente. Ha recalcado, al hacer pública su propuesta de conclusiones, que a la vista de la documentación y de los hechos analizados, el caso de Cerredo no encaja en la definición de un accidente.
[–>[–>[–>«No fue imprevisible ni inevitable”, sino el resultado de “una cadena de decisiones administrativas deficientes, de omisiones de control y de una actividad de extracción clandestina, deliberada y prolongada en el tiempo”. A su juicio, todo ello “se pudo detectar” y “se pudo prevenir”. De hecho recalcó que ella dejará de referirse al suceso como «accidente».
[–> [–>[–>Tomé ha aprovechado para reivindicar la comisión como “una herramienta democrática útil para la función de control del Gobierno” y recordó que, desde el inicio, se marcaron tres objetivos: “Poner siempre en el centro a las familias”, “dirimir responsabilidades políticas” y “detectar fallos de funcionamiento” para “evitar la repetición de accidentes evitables”.
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La propuesta de dictamen plantea la reprobación política de tres exconsejeros: Belarmina Díaz, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí; de el exviceconsejero Isaac Pola Alonso, y también de tres funcionarios con puestos de responsabilidad interna: Alberto Quirino Vázquez Martínez, Santiago Berjano Serrano y Gonzalo Martín Morales de Castilla.
[–>[–>[–>Tomé sostuvo que son “siete personas que entendemos que tienen responsabilidad política directa en todo lo ocurrido” y defendió que esa petición de reprobación “no es ningún capricho”, sino que está “perfectamente argumentada”.
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Junto a esas reprobaciones, el texto incorpora la petición de una moratoria total sobre los permisos de investigación complementaria, la revisión de oficio de los ya vigentes, la apertura inmediata de expedientes sancionadores pendientes, la ordenación de los expedientes administrativos mineros, un anticipo de indemnizaciones para las víctimas y sus familias y la remisión del dictamen a la Fiscalía.
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[–>La diputada subrayó que esa remisión busca que se analice si existen responsabilidades penales “más allá de la responsabilidad política y administrativa” que, según dijo, ya queda acreditada en el documento. Además, explicó que la propuesta de dictamen ya fue trasladada a los miembros de la comisión para su estudio y para la presentación de alegaciones.
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“Un montonín de documentos”
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Tomé cargó también contra el modo en que se ha trasladado a la comisión la documentación, porque «la mayoría de lo aportado no cumple con la definición legal del expediente administrativo”. Era “un montonín de documentos, de papeles deslavazados, sin un índice, sin un orden”.
[–>[–>[–>Apuntó que ese desorden dificultó el trabajo parlamentario y de hecho defendió la “reordenación” inmediata de esos expedientes como una de las primeras medidas que deberían adoptarse.
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También recalcó que la explotación de Cerredo estaba sujeta al proyecto de cierre de 2019 y de restauración de 2021, y si este se hubiese cumplido se habría producido “el cierre” y “el tapiado de todos los accesos de todas las bocaminas”. “Si estuvieran cerrados, si hubieran estado tapiados, evidentemente el accidente no hubiera tenido lugar”, afirmó.
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Respecto al informe de la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas, señaló que se elaboró “con mucho más tiempo” y con documentación que “no se facilitó a la Comisión”. Admitió coincidencias con parte del análisis, pero lamentó que el informe no recoja lo que considera “un hecho fundamental” y “nuclear”: la “absoluta incompatibilidad” entre el proyecto de cierre de 2019 y el proyecto de restauración de 2021. Según explicó, ambos documentos contemplaban “el cierre” y “el tapiado de todos los accesos de todas las bocaminas”. “Si estuvieran cerrados, si hubieran estado tapiados, evidentemente el accidente no hubiera tenido lugar”, afirmó.
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El PIC a Cerredo, un subterfugio jurídico
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Tomé fue igualmente contundente al referirse al permiso de investigación complementaria. Recordó que en Cerredo “se extrajo siempre hulla, se extrajo siempre carbón” y que “nunca hubo la sospecha de que hubiese ningún otro recurso diferente del carbón”, por lo que conceder ese permiso para continuar la actividad extractiva le parece “un subterfugio”.
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La diputada vinculó además el desenlace de 2025 con decisiones anteriores. Señaló que si el accidente de 2022 hubiera sido considerado infracción “muy grave” y no solo “grave”, la mina habría sido cerrada y “se hubiese evitado el accidente de 2025”. Sin embargo, dijo, todo se resolvió con “una multa económica” y la explotación siguió abierta “extrayendo carbón de forma ilegal”.
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«Tensiones y presiones» para elaborar las conclusiones
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En el turno de preguntas, Tomé afirmó que el proceso de elaboración del dictamen fue “muy laborioso” y “no exento de tensiones y de presiones”. Preguntada por esas presiones, respondió que llegaron “de todas partes y de todo tipo”, desde intentos de “prolongar plazos” hasta movimientos para “inclinar conclusiones antes de tener el borrador del dictamen”, refiriéndose a las comparecencias públicas y ruedas de prensa de algunos de los diputados participantes.
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La parlamentaria explicó que ahora se abre un plazo de diez días para que los grupos presenten aportaciones y confió en cerrar un acuerdo sobre el texto final. Aun así, advirtió de que la siguiente fase no será sencilla, porque tocará “discutir, votar y negociar”.
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