Son 7.000 millones de euros de fondos que estarán disponibles para este nuevo quinquenio, que serán cofinanciados por Vivienda (60%) y las comunidades autónomas (40%), y se destinarán de forma desagregada a los objetivos de construcción de vivienda pública (40%), rehabilitación (30%) y ayudas a jóvenes y familias vulnerables (30%). Hay más novedades. Según ha descrito Rodríguez, la norma introduce una cláusula antifraude en las adjudicaciones de viviendas públicas «para evitar escándalos como el ocurrido recientemente en Alicante». Así, se estipulará que todas las viviendas construidas o adquiridas con recursos del PEV «tendrán que ser adjudicadas con criterios objetivos, mensurables, transparentes y trazables» y será el propio Ministerio quien ejercerá «un doble control para garantizar que se han respetado estas condiciones», ha adelantado la ministra.

Siguiendo esta línea de aportar «transparencia», el Gobierno pretende obligar a las comunidades autónomas a facilitar al Ministerio de Vivienda información sobre los contratos de alquiler en el registro de bonos de su comunidad autónoma «para dotar de transparencia al mercado inmobiliario y acabar con los discursos de miedo basados ​​en bulos». Según Rodríguez, estos datos deben estar al servicio del «interés general» para que quien marque los datos sobre vivienda «no sean portales privados con intereses particulares».

Hasta 100.000 euros por casa

En cuanto a la promoción de vivienda pública, el PEV propone financiar la construcción de viviendas públicas o en régimen de colaboración público-privada con hasta 85.000 euros por vivienda, pero será ampliable en 8.500 euros adicionales cuando en la construcción de la vivienda se utilicen técnicas de industrialización y en otros 8.500 adicionales cuando se construya en una zona declarada como zona de mercado residencial tensionada, por lo que las ayudas finales podrían superar los 100.000 euros.

La otra novedad es que también se podrá adquirir vivienda en el mercado libre con fondos PEV, de modo que las comunidades autónomas podrán ejercer su derecho de tanteo, o adquirir vivienda directamente, financiando el 70% de la operación con ese dinero público. Este porcentaje podrá ascender hasta el 85% cuando la vivienda se encuentre en una zona tensionada, aunque con la condición de que el inmueble se ponga en el mercado de alquiler con un alquiler máximo de 800 euros al mes.

Otras medidas incluidas en la hoja de ruta de vivienda del Gobierno son ayudas de hasta 20.000 euros para la reforma estructural de los edificios; hasta 30.000 euros para rehabilitar viviendas en centros históricos y movilizar viviendas vacías; o ayudas al alquiler para jóvenes de hasta 300 euros al mes. También para este colectivo habrá subvenciones de hasta 15.000 euros para comprar o construir su primera vivienda en municipios de hasta 10.000 habitantes.

Rodríguez ha defendido que el plan forjado por su ministerio surge de la demanda ciudadana «para dar respuesta al principal problema que sufre hoy», además de que se trata de un proyecto forjado «con aportaciones del sector», que se ha estimado en 400. «Es la primera vez que este plan es estudiado por el Consejo de Estado», ha añadido también la ministra para defender la seguridad jurídica del texto.

Además, el exalcalde de Puertollano ha anunciado que será el consejo asesor de vivienda el que analizará cada año el cumplimiento efectivo del plan y tendrá la competencia para formular observaciones y recomendaciones -de carácter no vinculante- encaminadas a mejorar directamente su eficacia. «Este plan es un paso importante en esa solución al problema de la vivienda para evitar que sea una crisis permanente», destacó Rodríguez al inicio de su intervención.

Rechazo de las comunidades

Sin embargo, el texto llega con la firme oposición de todas las comunidades gobernadas por el PP, y especialmente de la Comunidad de Madrid, que hoy ha vuelto a denunciar que el Ministerio de Vivienda ha llevado a cabo el plan «a espaldas de las comunidades autónomas», según dijo este martes el concejal de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, quien también insiste en que la hoja de ruta estatal «impone medidas anticonstitucionales» e «invade competencias». autónomo».

El plan también es cuestionado desde el sector. «El volumen de recursos previsto representa un avance, pero todavía está claramente por debajo de lo que requiere la magnitud del problema. España mantiene un déficit estructural de vivienda que requiere un esfuerzo inversor sostenido y significativamente mayor para converger con los niveles europeos. Sin un refuerzo claro de la financiación, el impacto del Plan será necesariamente limitado», han defendido desde Asval, el ‘lobby’ de propietarios con vivienda en alquiler.