El Gobierno del Principado rechaza que el accidente minero de Cerredo, en el que murieron cinco trabajadores el 31 de marzo de 2025, dé lugar a acusaciones personales o técnicas contra los responsables de la Administración autonómica. El Ejecutivo ha fijado esta postura tras conocer la propuesta de dictamen presentada por la presidenta de la comisión parlamentaria de investigación en la Junta sobre el incidente, Covadonga Tomé, que apunta directamente a los exconsejeros Belarmina Díaz, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí, así como al exviceconsejero Isaac Pola y otros funcionarios de la administración regional.



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