La clase media que está excluida de los beneficios de la «vía fiscal asturiana» pese a tener que tributar más por la inflación
La «vía fiscal asturiana», la política de deducciones en el IRPF por la que apuesta el Principado como alternativa a las deflactaciones que aplican otras comunidades, está vedada para una buena parte de la clase media asturiana.
[–>[–>[–>En España se considera, en términos generales, clase media a los que tienen unos ingresos anuales de entre 21.000 y 60.000 euros. En ese tramo se encuentran, según datos de la Agencia Tributaria correspondientes al ejercicio de IRPF de 2023 (los últimos disponibles), más del 44% de los contribuyentes asturianos. Son más de 260.000. Pero si se tienen en cuenta el importe de las bases liquidables sometidas a gravamen en el impuesto, ese tramo de clase media en Asturias aporta más del 66%, con más de 8.286 millones de euros. Es decir, es, con diferencia, el grueso en la tributación.
[–> [–>[–>Esas clases medias asturianas han sufrido durante los últimos años la progresividad en frío que supone la no adaptación de las tarifas ni estatales ni regionales a la subida de precios. Al no deflactarse esas tarifas, la subida de sueldos incrementa la tributación (por la escalada de tramos) sin que el contribuyente haya ganado poder adquisitivo porque la inflación ha sido mayor. Sufren, por tanto, una subida encubierta de impuestos.
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Según un estudio del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas de Asturias, un asturiano con una renta anual de 25.000 euros (dentro de la horquilla de la clase media) puede llegar a pagar 340 euros más de IRPF al no estar ajustada la tarifa estatal del impuesto a la inflación acumulada entre 2022 y 2026 (sin tener en cuenta que la tarifa autonómica tampoco lo está). Y si la renta es de 45.000 euros (también dentro de la horquilla de la clase media) la cuantía que paga de más se eleva a 528 euros.
[–>[–>[–>El Gobierno regional, que reconoce que a partir de 45.000 euros en Asturias se paga de IRPF más que en las comunidades vecinas, se ha negado a deflactar las tarifas en los últimos años y, como contraprestación, ha intensificado las deducciones específicas del IRPF, lo que ha autodenominado como «vía fiscal asturiana». Sin embargo, a esos beneficios fiscales no tiene acceso buena parte de la clase media asturiana porque para obtener la mayoría de esas deducciones no se puede superar un máximo de renta de 35.000 euros (como en el caso de las deducciones por arrendamiento de vivienda habitual; las deducciones por familia numerosa en el caso de dos hijos; por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual para determinados colectivos; por cuidados de descendientes o adoptados de hasta 25 años de edad; por emancipación de jóvenes de hasta 35 años; por gastos derivados de la enfermedad celíaca diagnosticada, o, en el caso de concejos en riesgo de despoblación, por gastos de descendientes en centros de 0 a 3 años, por nacimiento o adopción de segundo y sucesivos hijos, para contribuyentes que se establezcan como autónomos en esos concejos o para gastos de transporte público para residentes) y en algunos casos el máximo de renta es de 28.000 euros (deducción por gastos vitales en que incurran los contribuyentes de hasta 35 años) e incluso de 26.000 euros (como las deducciones por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años, por gastos de descendientes en centros de 0 a 3 años en concejos no en riesgo de despoblación o por la adquisición de libros de texto y material escolar).
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En los últimos casos, la horquilla de rentas de los beneficiarios es muy estrecha porque también hay que tener en cuenta que, como norma general, los contribuyentes con ingresos de un único pagador de menos de 22.000 euros ya no están obligados a presentar la declaración de la renta.
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[–>«Los beneficios fiscales no pueden suponer que la cuota del impuesto acabe siendo negativa, con lo cual ciertos beneficios autonómicos que están muy condicionados por el nivel de renta de los contribuyentes tienen una dudosa efectividad en el sentido de que después de aplicar los beneficios fiscales estatales la cuota líquida prácticamente está situada en el límite, que sería cero», señaló Santiago Álvarez, profesor titular de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo.
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