El presidente interino de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este jueves que la ley de amnistía «está llegando a su fin», afirmando que «quedó muy bien» luego de haber beneficiado a más de 8.600 personas “que hoy tienen plena libertad”. La presidenta venezolana se ha expresado así en un acto de conformación de la Comisión destinada a llevar a cabo la denominada «Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal», que, según Presidencia, «busca una reestructuración profunda del ordenamiento jurídico venezolano bajo una visión humanista, preventiva y equitativa». Esta Comisión, subrayó, será «un espacio» para la gestión de «aquellos casos que no estaban contemplados o mejor dicho, estaban expresamente excluidos» en una «ley de amnistía que está llegando a su fin».

«La ley de amnistía ha ido muy bien en términos de cobertura, en términos de beneficiarios», dijo Delcy Rodríguez en el acto oficial, al que asistieron 8.616 personas. «quienes hoy tienen plena libertad, otorgada a través de la ley de amnistía». Sin embargo, las cifras de liberaciones indicadas por Rodríguez chocan con las difundidas por la ONG venezolana Foro Penal, que afirmó la víspera que «desde el 8 de enero de 2026 se han producido 768 liberaciones de presos políticos, de las cuales sólo 186 se han producido como consecuencia de la amnistía».

Sin embargo, el presidente encargado ha defendido la norma finalizada y ha subrayado que «surgió como consecuencia de la intensificación del enfrentamiento político en Venezuela que desembocó en una agresión externa y nos llevó a reflexionar», en alusión así a la intervención militar en la que Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores, dejando además más de un centenar de muertos en el país.

El actual presidente interino venezolano ha querido elogiar la ley de amnistía y ha llegado a afirmar que se encuentra «en un punto muy alto en relación a lo que fue la ley de amnistía en Sudáfrica, que duró siete años», en lo que podría ser una referencia a los procesos derivados de la llamada Comisión para la Verdad y la Reconciliación, constituida en 1995 con el objetivo de impartir justicia restaurativa tras el fin del régimen del apartheid.

Sin embargo, el sitio web de esta comisión proporcionado por el Ministerio de Justicia de Sudáfrica fecha la fecha límite para presentar solicitudes de amnistía en 1997, mientras que las decisiones al respecto se adoptaron en 2000, menos de cinco años después de que se estableciera la Comisión. De los 7.112, la organización concedió 849.

Asimismo, Delcy Rodríguez también quiso comparar la ley de amnistía venezolana con «la ley de amnistía en España que sigue abierta desde 2024», refiriéndose así a la «Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña» de 10 de junio de 2024, destinada a procedimientos judiciales y sentencias relacionadas con los hechos surgidos durante el ‘procés’.

Por otro lado, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) ha calificado el anuncio de «grave violación al Estado de derecho». «Una ley de esta naturaleza no tiene plazos implícitos ni puede cerrarse por declaración administrativa del Ejecutivo», defendió en una publicación en redes sociales en la que alegó que «su validez es inherente a la existencia de las situaciones de persecución y detención arbitraria que debe remediar».

«Intentar poner fin unilateralmente a este instrumento representa un acto de inseguridad jurídica que deja a las víctimas en absoluta vulnerabilidad y envía una señal alarmante al sistema judicial, al instruir de facto a los tribunales a rechazar solicitudes de libertad bajo una premisa inexistente en el sistema jurídico», se lee en el mensaje.

La JEP también ha sostenido que, además de ser «discriminatoria», la decisión de poner fin a la ley de amnistía «anula el principio de progresividad de los Derechos Humanos y profundiza la brecha de la impunidad».

«Lamentablemente, este resultado confirma nuestra preocupación inicial: la ley ha acabado siendo un ejercicio de retórica política más que un verdadero instrumento para devolver la libertad a los presos políticos», lamentó la ONG.

«La verdadera reforma judicial y la reconciliación nacional no pueden construirse sobre la restricción de los derechos actuales; requieren el cumplimiento estricto de la ley y la apertura de canales transparentes que garanticen una justicia real», insistió, antes de resaltar que «la libertad y la justicia no tienen fecha de caducidad, y no pueden ser sacrificadas en el altar de la conveniencia política».