¿Puede la OTAN expulsar a un país? El caso de España reabre el debate
La posibilidad de que un país pueda ser expulsado de la OTAN ha vuelto al centro del debate tras la revelación de un correo electrónico interno del Pentágono en el que Washington estudia medidas contra sus aliados que no apoyó sus operaciones en la guerra con Irán. Entre estas opciones, como informó un funcionario estadounidense a Reuters, está la suspensión de España de la alianza.
La difusión de este enfoque ha generado dudas sobre el verdadero margen de acción de Estados Unidos dentro de la organización y si esto puede influir en la permanencia de otros países miembros.
El marco legal de la OTAN
La Alianza Atlántica no prevé mecanismos para expulsar o suspender a uno de sus miembros. El Tratado del Atlántico Norte, que regula su funcionamiento, no incluye ninguna cláusula que permita la adopción de este tipo de decisiones.
La única ruta prevista es retiro voluntario. El artículo 13 del tratado establece que cualquier Estado puede abandonar la organización siempre que hayan transcurrido 20 años desde su adhesión, como ya ocurre en todos los casos actuales. Para ello deberá notificar al gobierno de Estados Unidos su decisión y esperar un año desde esa comunicación.
España se unió a la OTAN en 1982bajo el gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo. La decisión contó con el apoyo parlamentario de UCD, los nacionalistas vascos y catalanes y la Alianza Popular, mientras que la izquierda se opuso en ese momento.
A continuación, el debate se trasladó a los ciudadanos a través de un referéndum organizado en 1986. Durante esta consulta, el 52,24% de los votantes se mostró a favor de permanecer en la organización bajo determinadas condiciones, en particular la no integración en la estructura militar y el mantenimiento de la prohibición de armas nucleares en territorio español.
Reacciones políticas
La idea de una posible salida de España no es nueva. En octubre, el presidente de Estados Unidos ya había mencionado esta opción tras la negativa española a aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB. Acto seguido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió que “España es miembro de pleno derecho y comprometida con la OTAN”.
Tras leer el contenido del correo electrónico, Sánchez insistió en la misma línea: «No trabajamos con correos electrónicos.El jefe del Ejecutivo añadió que el Gobierno actúa sobre la base de «documentos oficiales» y reiteró su posición de «absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional».
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