el desalojo de las 62 familias de Manilva (Málaga) Lo que os hemos contado esta semana en laSexta Estaba anunciado desde hacía meses. No fue imprevisto ni invisible. Aún así, cuando llegó el momento, «lo tomó por sorpresa». No a las familias, sino a los que tuvieron que atender la emergencia: Cruz Roja.

El caso de Laura y sus hijas, Julieta y Lucía, no es la excepción.. Es reflejo de una realidad más amplia: miles de familias en España pierden cada año su vivienda en un sistema que cada vez ofrece menos respuestas. «Desafortunadamente, tenemos que actuar donde no hay estado de bienestar«, admiten desde Cruz Roja.

Incluso cuando hay margen para anticiparse, la respuesta acaba siendo improvisada, siendo las entidades sociales llenando vacíos que conviene prever. Porque No se trata sólo de intervenir, sino de cuándo y cómo: «Cuanto más planificados, menos sufrimiento para las familias», sostienen.

Y cuando hay menores, la obligación no es sólo política. es legal. La Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna y organismos internacionales como la ONU han sido claros: No se puede llevar a cabo un desalojo sin una alternativa de vivienda adecuada.especialmente cuando los afectados son niños.

Sin embargo, los datos reflejan otra realidad. Cada día, en España se desalojan entre 70 y 80 viviendas. La mayoría (hasta el 80%, según UNICEF) son familias con menores. Sólo el año pasado se registraron 25.540 desahucios, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Además, no existe un registro oficial de cuántos niños y niñas están afectados. El Las órdenes se dictan contra inmuebles o propietarios, no contra unidades familiares. Un desfase estadístico que tiene consecuencias: lo que no se mide no se ve, y lo que no se ve difícilmente se convierte en una prioridad. Sin embargo, estas organizaciones advierten laSexta: Sólo el año pasado, entre 35.000 y 40.000 niños fueron desalojados.

En este contexto, todas las miradas apuntan ahora a las administraciones públicas, llamadas a dar una respuesta que, según las entidades sociales, no siempre llega a tiempo. De hecho, los organismos internacionales llevan tiempo advirtiendo a España.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU exigió en febrero ampliar la moratoria de desalojos para familias vulnerables. Haciendo caso omiso a esta exigencia, la derecha y extrema derecha de este país rechazaron la medida y no avanzaron.

Fuentes del Ministerio, tras estos informes del equipo del Estado del Bienestar laSextaDestacan que los desahucios representan «la mayor expresión de que, si la vivienda pierde su consideración como un derecho y se convierte en un bien financiero rentable, provoca un inmenso sufrimiento social». En el caso de los niños y adolescentes este impacto es aún más grave: «Están en una fase de desarrollo que condiciona plenamente sus historias de vida»recuerdan, apelando al principio del interés superior del menor incluido en los tratados internacionales suscritos por España.

Desde el departamento a cargo de Sira Rego señalan que la protección de estos menores debería ser una prioridad y se preguntan si no siempre es así en la práctica. También sitúan el problema en un contexto político más amplio, marcado –según su análisis– por la bloquear determinadas medidas destinadas a reforzar el acceso a la vivienda y detener la especulación, así como para la gestión autónoma de competencias clave como la vivienda y los servicios sociales.

El resultado, advierten, es un escenario en el que «los recursos existen», pero no siempre se traducen en una prevención eficazdejando situaciones como Manilva a merced de respuestas de emergencia en lugar de soluciones planificadas.

También es una vulnerabilidad que sigue creciendo. Él aumento de los precios de la vivienda amenaza con empujar a otros 780.000 niños y niñas en España a la pobreza, elevando aún más los niveles de pobreza infantil que ya se encuentran entre los más altos de Europa.

Los hogares con menores representan El 72% de las personas en riesgo de pobreza viven en alquiler. Y cuando surgen dificultades para pagar la vivienda, el impacto vuelve a caer sobre ellos: las familias con hijos registran mayores retrasos en los pagos que el resto, especialmente en los hogares monoparentales, donde en la mayoría de los casos la responsabilidad recae en una mujer.

Las condiciones de vida también reflejan esto. Más de medio millón de niños y niñas en España –el 6,2%– viven en situación de grave escasez de vivienda: hacinamiento, humedad o goteras. El doble en la población adulta.

Detrás de cada figura Hay historias como la de Laura y sus hijas. Familias que creían que tenían un hogar. Niños que jugaron con seguridad. Vidas que, de un día para otro, quedan fuera del sistema.

Porque más allá de los números, lo que está en juego es algo más profundo: la capacidad de un país para garantizar los derechos básicos. Y cuando eso falla, no se trata sólo de una crisis inmobiliaria. Es una grieta en el propio Estado de Bienestar.

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