Conviene partir de una verdad jurídica que casi nadie recuerda y que, sin embargo, explica buena parte del vértigo que hoy sacude a la Alianza Atlántica: El Tratado de Washington, firmado el 4 de abril de 1949, no contiene –ni ha contenido nunca– un mecanismo para la expulsión de un Estado miembro. Ninguno. Y esa omisión no fue un descuido o una pereza normativa por parte de los redactores: fue una decisión deliberada, reflexiva y políticamente audaz. Los doce firmantes originales comprendieron –en un mundo que todavía olía a pólvora de la Segunda Guerra Mundial y en el que Stalin consolidó el Telón de Acero– que La Alianza tenía que ser lo suficientemente atractiva como para que ningún miembro quisiera irse.y lo suficientemente segura como para que ningún miembro pueda ser expulsado por la coalición de los demás. En definitiva, se construyó una casa sin puerta trasera, porque la idea misma de una puerta trasera se consideraba un vector de debilitamiento en tiempos en los que lo esencial era cerrar filas contra Moscú.

Esta arquitectura –que vengo describiendo desde hace años– contrasta con la de otras organizaciones internacionales. La Carta de las Naciones Unidas prevé en su Artículo 6 la expulsión de un miembro que viole «persistentemente» los principios de la Carta; El Tratado de la UE introdujo, con el artículo 7, un sofisticado procedimiento para suspender derechos de los Estados que se desvíen del acervo democrático. OTAN, no. OTAN, nunca. Y este silencio normativo no es neutral: es, en sí mismo, una declaración política.

Artículo 13: la única puerta, y sólo se abre desde dentro

El único mecanismo de salida expresamente previsto por del Tratado es el artículo 13, que permite a cualquier miembro denunciar el texto –tras veinte años de vigencia obligatoria, requisito más que cumplido desde 1969– notificando al Gobierno estadounidense como depositario, con un año de antelación. Centrarse en lo esencial: El artículo 13 es una puerta, sí, pero sólo se abre desde dentro. No hay votación deliberativa, no hay procedimiento sancionador, no hay mayoría cualificada capaz de empujar a un aliado hacia la salida. Un Estado miembro de la OTAN sólo puede abandonar la Alianza si así lo decide libremente. Todo lo demás –por muy intenso, coordinado y doloroso que sea– es otra cosa.

Podría argumentarse, desde la teoría jurídica más ortodoxa, que existen dos caminos alternativos contemplados por el Derecho Internacional general. El primero seria activar el artículo 12 del Tratado –cláusula de revisión– para modificar el texto e incorporar una cláusula de expulsión. El procedimiento, sin embargo, requeriría un acuerdo unánime de los 32 aliados y la ratificación parlamentaria en cada capital: un proceso que llevaría entre tres y siete años, y que en la práctica sería bloqueado por el propio Estado canalla en la fase de negociación. La segunda forma sería invocar el artículo 60 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que autoriza a las otras partes en un tratado multilateral a suspender o terminar el tratado contra un Estado que incumpla sustancialmente con él. Legalmente invocable; políticamente, casi inimaginable en el marco de una alianza que opera por consenso.

Suspensión: ninguna, pero existen equivalentes funcionales

Si no existe un mecanismo formal para la expulsión, tampoco lo hay -y esto sorprende igualmente al lector no especializado- para la suspensión. El Tratado guarda silencio sobre esta cuestión. Pero el silencio no es igual a la imposibilidad: Existen, y aquí reside la clave operativa del debate actual, instrumentos de suspensión efectiva que, sin tener estatus formal, produzcan un resultado materialmente equivalente al de la expulsión o marginación institucional. La doctrina y la práctica las han identificado con precisión quirúrgica, y conviene enumerarlas para que el lector entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de «medidas disponibles».

En primer lugar, la suspensión de facto de la participación en las estructuras: posible exclusión del Consejo del Atlántico Norte, de los comités militares, de los grupos de trabajo. El Estado afectado sigue siendo miembro sobre el papel, pero deja de sentarse en la mesa donde se deciden las cosas. En segundo lugar, la exclusión del intercambio de inteligencia –el acceso a los sistemas NATO SECRET y COSMIC TOP SECRET–, una medida con efectos devastadores que cada aliado puede adoptar soberanamente sin requerir ningún voto formal. Tercero, suspensión de la participación en ejercicios y maniobras conjuntaslo que erosiona rápidamente la interoperabilidad. Cuarto, presión política coordinada para forzar una retirada voluntaria del Estado al amparo del artículo 13, articulada a través de una diplomacia concertada entre el resto de aliados. En quinto lugar –y más radical–, la reforma del Tratado vía el artículo 12 para introducir una cláusula de expulsión, esta última medida es muy improbable. Y todo ello se puede combinar, dosificar y calibrar. La Alianza Atlántica, si quiere, tiene las herramientas para hacerle la vida insoportable a un miembro descarriado. Lo que no tiene es la llave para echarlo.

El precedente francés de 1966 –cuando De Gaulle retiró a Francia de la estructura de mando integrada sin denunciar el Tratado, permaneciendo como miembro político durante 43 años hasta su total reintegración a la estructura militar integrada en 2009 durante la presidencia de Sarkozy– demuestra que la membresía puede disociarse de la integración operativa sin que se rompa el marco legal del Tratado.

El momento más delicado en 77 años

Dicho esto -y aquí el análisis debe pasar del tecnicismo jurídico a la evaluación política- La Alianza Atlántica atraviesa el momento más delicado de sus 77 años de historiay lo hace, paradójicamente, tras uno de los episodios de expansión más exitosos y estratégicamente relevantes de su historia. La adhesión de Suecia y Finlandia –dos países anteriormente neutrales que proporcionan unas Fuerzas Armadas que se encuentran entre las más avanzadas y eficaces del mundo en relación con su población, y que amplían la frontera común con Rusia en más de 1.300 kilómetros– constituye una ganancia estratégica de primer orden. Y, sin embargo, este éxito objetivo coexiste con tensiones internas que, si no se gestionan con madurez, podrían comprometer la cohesión de la Alianza.

No son sólo –ni principalmente– el más que cuestionable incumplimiento constante de algunos miembros respecto al principal aliado, Estados Unidos. El problema hoy tiene dos caras. Por un lado, los aliados europeos que llevan décadas incumpliendo el artículo 3: la obligación de mantener y desarrollar la capacidad individual y colectiva para defender el PIB y el nuevo compromiso del 5% del PIB en un ritual retórico más que en un compromiso efectivo. Por otra parte –y esto es lo realmente nuevo– los excesos verbales, los gestos poco amistosos e incluso abiertamente hostiles del presidente Trump hacia la Alianza en su conjunto y algunos miembros en particular. La historia, que a menudo ofrece contrastes útiles, nos recuerda que Dominique de Villepin, siendo ministro de Asuntos Exteriores de una Francia que se oponía frontalmente a la segunda guerra de Irak, nunca negó a Estados Unidos el uso del espacio aéreo francés ni el sobrevuelo de su territorio.

Los desacuerdos profundos, incluso las rupturas estratégicas, nunca se pudieron evitar el cumplimiento de obligaciones aliadas que eran esenciales. Ése es precisamente el sello distintivo de una alianza madura. Los miembros díscolos –ya sea de un lado o del otro del Atlántico– merecen, cree este analista, una advertencia seria y formal. Los 32 aliados disponen, como se ha visto, de un arsenal de medidas de suspensión efectivas –no legal– que puede activarse mediante la coordinación de un número importante de Estados sin necesidad del consenso del afectado. Estas medidas existen y deben utilizarse como lo que son: instrumentos de último recurso contra conductas que pongan en riesgo la cohesión operativa o la integridad estratégica de la Alianza. Pero una cosa es blandir herramientas de disciplina aliada y otra, muy distinta, poner en riesgo la continuidad de la organización que más –y con diferencia– ha contribuido a la seguridad, la paz y la estabilidad del mundo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Epílogo: el suicidio colectivo no es una opción

Permítanme concluir con una claridad que los tecnicismos jurídicos no pueden ofrecer. La OTAN es, en esencia, una alianza política más que militar. Su fuerza no reside en los artículos de su Tratado –insuficientes, incompletos, deliberadamente escasos– sino en la voluntad compartida de sus miembros de honrar los compromisos libremente asumidos. El día que un miembro, cualquier miembro, convierta ese compromiso en un instrumento de chantaje geopolítico, una palanca para la negociación bilateral o una herramienta al servicio de tácticas políticas internas, la Alianza tendrá que enfrentar el mayor dilema constituyente desde 1949.

Los 31 aliados restantes –y subrayo que quedan, en el sentido hipotético del término– tienen herramientas de presión, no de expulsión. La cuestión, por tanto, no es jurídica: es de voluntad política colectiva. Y aquí conviene ser especialmente enfático. A pesar de las profundas discrepancias que pueden existir entre algunos Estados miembros –todas legítimas, todas ventilables, todas negociables en los canales institucionales establecidos–, Poner en riesgo la continuidad de la Alianza Atlántica es, simplemente, un suicidio colectivo y un disparate absoluto. Nada justifica esta deriva. Ni los agravios acumulados, ni las legítimas frustraciones por el desigual reparto de cargas, ni las desavenencias presidenciales, ni las rabietas diplomáticas, ni los cálculos electorales coyunturales a ambos lados del Atlántico. La OTAN no es perfecta. Ninguna construcción política lo es. Pero la alternativa a la OTAN no es una OTAN mejor: es la ausencia de la OTAN. Y esa ausencia –que Moscú, Beijing y Teherán esperan con la paciencia de un depredador– sería la mayor derrota estratégica de Occidente en un siglo. Que nadie se deje engañar, en Washington, en Bruselas, en Madrid o donde sea: el Tratado de 1949 no tiene puerta trasera porque sus redactores confiaban en que la puerta principal sería suficiente. Que no sean los herederos de esa generación quienes, por imprudencia o cálculo, acaben derribando la casa.