Economistas y expertos predicen que la regularización tendrá efectos positivos sobre la actividad y las cuentas públicas, pero también puede aumentar el desempleo y reforzar la presión sobre los servicios públicos.

El proceso, abierto hasta el 30 de junio, permitirá a los beneficiarios obtener una autorización inicial para Residir y trabajar durante un año en cualquier sector.

Para optar deberán acreditar su llegada a España antes del 1 de enero de 2026, una estancia continuada de al menos cinco meses y no tener antecedentes penales.

Su comienzo ha sido enorme. En sus primeros días se han registrado 42.790 solicitudes online y 5.454 presenciales.

El estímulo de la regularización

Las previsiones para 2026 apuntan a una moderación general de la expansión de la economía española tras el sólido avance del 2,8% del PIB en 2025.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y La OCDE sitúa el crecimiento de la economía española en el 2,1%, mientras que el Banco de España estima que la expansión será del 2,3% y BBVA Research, del 2,4%.

Este cambio de ritmo responde a un menor estímulo del entorno internacional y el agotamiento de algunos de los motores que impulsaron la actividad el año pasado.

En este contexto, la economía seguirá avanzando, pero con menos tracción.

La regularización contribuirá a sostener esa expansión. BBVA Research estima que podría aportar en torno a medio punto porcentual adicional al PIB mediante el afloramiento de actividad ya existente en sectores intensivos en mano de obra como las actividades del hogar, la hostelería, las manufacturas y la construcción.

No obstante, parte de este efecto tiene un componente estadístico. «Si un trabajador de la economía sumergida ahora computa como empleado genera una mayor aportación al PIB pero no es del todo real pues ya generaba valor pero no computaba», explica Pedro Aznar, profesor del departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de Esade.

Empleo y cambio demográfico

La desaceleración será su reflejo en el mercado laboral. Tras un año récord absoluto en 2025 -con 605.400 nuevos puestos de trabajo y una tasa de desempleo del 9,93%, por debajo del 10% por primera vez desde 2008-, Las previsiones apuntan a una moderación.

El Banco de España estima que la tasa de creación de empleo pasará del 2,7% el año pasado al 2,2% en 2026, lo que mantendrá la tasa de desempleo estancada en alrededor del 9,9%.

BBVA Research y el FMI coinciden en situar el desempleo en el 9,8%.

En este escenario, la regularización no implica automáticamente la creación de empleo, pero sí amplía la población activa potencial. «Si se suma la incorporación de medio millón de personas en un momento de menor creación de empleo el desempleo podría aumentar»Advierte Aznar.

Señala que la búsqueda de trabajo formal no es inmediata y que puede que«una parte solo consiga empleo a tiempo parcial».

Sin embargo, el impacto técnico en las estadísticas será limitado. Florentino Felgueroso, investigador asociado de Fedea, aclara que en la Encuesta de Población Activa (EPA) «muy probablemente no veamos grandes efectos» porque gran parte de estas personas «ya están trabajando y, por lo tanto, son activos».

Tampoco engrosarán de golpe las listas del SEPE, al necesitar unos dos años de cotización para exigir prestaciones.

A medio plazo, Felgueroso recuerda que esta legalización permitirá a muchos inmigrantes salir de la precariedad y acceder a sectores acordes a su cualificación real.

Recuerda que «tenemos muchos casos de personas con titulaciones universitarias, incluso hasta médicos, que trabajan donde pueden hasta que se les regulariza«.

Además, insiste en que su integración es vital ante el fuerte envejecimiento de España: «Nos están relevando en ocupaciones para las cuales ya no tenemos personal nativo y que son muy necesarias».

Ingresos, consumo e inflación

Donde se observará un impacto directo será en cuentas públicas. La formalización permitirá que surjan bases imponibles que afectan a “prácticamente todos los impuestos”, dice Felgueroso, mejorando la recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas o del impuesto de sociedades.

Estos ingresos extra supondrán un alivio en un momento en el que el Banco de España prevé que El déficit público sigue estancado en el 2,3% del PIB tanto en 2026 como en 2027.

Además, la regularización modifica el comportamiento económico de los beneficiarios. Al salir de la inseguridad jurídica, «tus patrones de consumo y tus expectativas en España como inmigrante se amplían», explica el experto de Fedea, lo que les dará «derecho a solicitar préstamos», con efectos directos en los mercados inmobiliario y financiero.

Esta inyección de consumo coincidirá con un aumento del coste de la vida. El estallido de la guerra en Oriente Medio ha provocado un choque energía que, según las previsiones del Banco de España, elevará la inflación media al 3% en 2026, dificultando la recuperación del poder adquisitivo.

La regularización también implica costos de ajuste inevitables. El servicio de estudios de BBVA destaca la necesidad de acompañar la regularización con políticas públicas que mitiguen el presión adicional tanto sobre el mercado laboral como sobre el uso de los servicios públicos.

Finalmente, y a pesar de los habituales temores sociales, la evidencia empírica no apunta a una caída generalizada de los salarios.

Felgueroso recuerda que La regularización masiva de 2005 «no tuvo efectos directos sobre los salarios» e incluso ayudó a reducir el tamaño del empleo informal de los trabajadores nacionales por un “efecto contagio” de la legalidad en las empresas.

«Existe una demanda de trabajadores, en muchos casos con salarios bajos y empleos que no son a tiempo completo», añade Aznar, que no cree que «el efecto de la bajada salarial sea significativo».