La sombra de la duda se cierne sobre la gran palanca del crecimiento que ha sostenido en segundo plano a la economía española desde la pandemia. Los fondos Next Generation, la respuesta de la Unión Europea a las consecuencias económicas provocadas por la pandemia, han supuesto hasta el 14% del avance del PIB español en el periodo 2021-2025. Así, hasta abril de 2026, España ha recibido 71.432 millones (55.092 millones a fondo perdido y 16.340 millones de préstamos) en cinco desembolsos, de los cuales algo más del 80% (57.400 millones) se habían comprometido, lo que equivale al 3,4% del PIB, y sólo el 55% (cerca de 39.000) se habían gastado en términos de Contabilidad Nacional.

Según Funcas en su último informe sobre el impacto de los fondos en la economía española, la diferencia entre desembolsos y compromisos se acerca así a los 14.000 millones, un desfase entre los recursos ya disponibles y los que aún están pendientes de comprometer o ejecutar. La diferencia entre estos fondos comprometidos (3,4% del PIB) y su impacto en el crecimiento del PIB –notablemente inferior, entre 1,4 y 2,1 puntos– ha hecho que, “pese a la canalización de fondos hacia la economía, el efecto transformador aún no se haya materializado plenamente”, además de que la productividad refleje “un dinamismo aún limitado”. Asimismo, el estudio destaca que «la tasa de resolución de las convocatorias ronda el 60%, lo que revela la existencia de obstáculos de gestión y defectos en el diseño de los instrumentos que generan un desfase entre la disponibilidad de las ayudas y su traducción en gasto efectivo. Y la gobernanza multinivel ha añadido complejidad».

Una situación que puede complicarse aún más tras la condonación de 60.454 millones de préstamos, lo que supone un 37% menos de lo previsto en 2021. El Ejecutivo ha conseguido justificar el cumplimiento de 250 compromisos (152 hitos y 98 objetivos). Pero, tras reajustar el calendario de desembolsos, aún quedan dos pendientes antes de que finalice el Plan de Recuperación en diciembre de 2026. Para el sexto desembolso, que se solicitó el 3 de marzo, por un importe neto de 6.467 millones, se han presentado 78 compromisos, que la Comisión Europea deberá validar antes de abonar el pago. En cuanto al séptimo y último, en diciembre de 2026, además de ser el mayor desembolso, 24.661 millones, un total de 143 compromisos estarán sujetos a cumplimiento antes del 31 de agosto, la cifra más alta respecto a todos los desembolsos anteriores.

Por tanto, en prácticamente cuatro meses el Gobierno tiene que cumplir 143 compromisos, el 30% del total (471 compromisos), un objetivo cuestionado por el Partido Popular, que recuerda que en los cinco años anteriores hemos presentado 328 compromisos -250 aprobados y 78 pendientes de validación-, y «ya tenemos todas las certezas sobre compromisos que no vamos a cumplir y que esos fondos serán retenidos por la Comisión Europea», apuntan en el PP. Estos fondos corresponderían a 475 millones para el impuesto al diésel (objetivo 388) y para la eliminación de la bonificación fiscal conjunta (objetivo 386); 626 millones para la reducción de la temporalidad en el empleo público por debajo del 8%, actualmente en el 26,8% (objetivo 144); o 40 millones para la digitalización de las Administraciones (objetivo 162).

Pero estos dudosos hitos son sólo la punta del iceberg, ya que hay dudas con muchos otros, como el despliegue de 95.200 puntos de recarga (objetivo 419b) -solo tenemos 55.000 y en 2025 sólo se instalarán 12.000-; mejoras en el horario de trabajo; la reforma de las guardias y de los salarios de los médicos (objetivo 276); o la ley de transparencia e integridad de los lobbies (objetivo 432), pendiente por la parálisis parlamentaria y la imposibilidad de aprobar estas medidas.

El propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reconocido en el Congreso la imposibilidad de cumplir algunos de los hitos marcados por la hoja de ruta de la UE, por ejemplo, el aumento de la fiscalidad de los hidrocarburos. «En este momento estamos trabajando con la Comisión Europea, tanto en el impacto de las reformas que ya se han adoptado, con vistas a la posible reevaluación de algunos hitos, como en una conversación franca sobre la dificultad de aprobar un aumento de la fiscalidad relacionada con los hidrocarburos, y más aún en el contexto actual», admitió el ministro ante los diputados.

En agosto del año pasado, la Comisión Europea desembolsó a España el quinto tramo, que supone 23.100 millones, un pago del que Bruselas dedujo 1.000 millones por el incumplimiento del Gobierno de dos hitos clave: la subida del impuesto al diésel y las inversiones en la digitalización de las entidades regionales y locales. Para acceder a estos fondos pendientes, el Ejecutivo solicitó -junto con la solicitud del sexto desembolso- el pago de los fondos retenidos por la Comisión en relación con el hito 167, relacionado con la digitalización de las entidades regionales y locales, al considerar que ese objetivo ya se ha cumplido, pero la Comisión Europea lo tiene pendiente de evaluación, aunque fuentes comunitarias consultadas por LA RAZÓN indican que «el asunto no pinta bien».

«Aunque Bruselas permitió redirigir algunos fondos del Plan a instrumentos financieros para incentivar la inversión privada, siempre y cuando se determinen los beneficiarios antes del 31 de agosto, lo cierto es que su vigencia termina en 2026 y ahora tenemos 30 años para devolverlos», afirma Alberto Nadal, subsecretario de Economía del PP, que denuncia la desinformación practicada por el Ejecutivo.

Debido a esta opacidad informativa por parte del Gobierno, el Tribunal Supremo ordenó hace unos días al Ejecutivo que informe al PP sobre quiénes son los «beneficiarios finales de los fondos Next Generation con indicación del nombre o denominación social y la cantidad recibida», tal y como solicitó la senadora popular Eva Ortiz, en una solicitud de información parlamentaria en septiembre de 2025. Así, estima el recurso del PP porque la respuesta del Ejecutivo «no se correspondía con la pregunta concreta formulada ya que no facilitó la información solicitada». A juicio del Tribunal Supremo, el Gobierno «no ha facilitado la información solicitada y, además, en la respuesta no se dio una razón de derecho que le impida facilitar la información concreta solicitada», por lo que se ordena responder «en un plazo no superior a 30 días».

Al menos el Gobierno ha asegurado que aportará «nuevas pruebas» sobre la ejecución del hito 388, vinculado a las reformas fiscales sobre el tratamiento del gasóleo -para equipararlo a la gasolina-. Hacienda, a partir de los nuevos datos de recaudación facilitados por la Agencia Tributaria, intentará justificar que España supera «ampliamente» el objetivo de incrementar la recaudación tributaria en un 0,3% del PIB, de modo que, con las cifras reales de recaudación correspondientes a 2025, «queda acreditado el cumplimiento de los objetivos cuantitativos establecidos para el hito 388».

Sin embargo, para el PP la última modificación de la adenda, que el Gobierno llama «simplificación» es, en realidad, la «adenda de dimisión». Según Nadal, «el Gobierno ha renunciado al 37% de los fondos que teníamos disponibles -60.454 millones de los 163.000 que nos adjudicaron-; también al 40,4% del Perte que debía transformar nuestra economía, pasando de 42.480 millones a 25.314, en sectores punteros como la fabricación de chips, la industria aeroespacial, la descarbonización industrial, el agua o el sector sanitario; ha descartado inversiones por más de 10.000 millones que afectan a todos los sectores estratégicos, y que ya no se harán, desde vivienda, sanidad, transporte, medio ambiente, digitalización, investigación, turismo, industria, formación, pymes, universidades hasta el dana y renunció a la aprobación de 17 leyes, que incluían reformas estructurales de calado, como la ley de industria, la ley de pesca, la ley de diversidad familiar o las leyes de salud, entre otras.

Nadal lo tiene claro y cree que «España ha perdido una oportunidad única para transformar nuestra economía y garantizar un crecimiento equilibrado y sostenible en las próximas décadas», y lo ha hecho por múltiples motivos: «El Gobierno no ha sido capaz de diseñar un plan adaptado a las necesidades de nuestra economía, donde la burocracia, la falta de coordinación con los sectores y comunidades, y la ausencia de una gestión eficaz ha dificultado el impacto esperado; ha utilizado los fondos para cubrir sus propios déficits a falta de presupuestos, utilizando la flexibilidad del mecanismo para mover partidas presupuestarias». entre ministerios; y, finalmente, el Gobierno ha multiplicado el intervencionismo y la discrecionalidad, anunciando adjudicaciones incluso antes de convocar las correspondientes licitaciones y ha generado inseguridad jurídica, en definitiva, ha fracasado en su gran apuesta por proyectos de impacto transformador.