«Deja al profesional sanitario indefenso ante posibles reclamaciones por mala praxis”
El proyecto de ley LGTBI asturiano “ha sido elaborado de espaldas a la comunidad científica” e “impone opiniones ideológicas frente a evidencias científicas”. Ésta es la dura acusación que este domingo han lanzado siete asociaciones feministas de la región que comparecerán en la Junta General para valorar la norma que impulsa la Consejería de Ordenación del Territorio, dirigida por IU.
[–>[–>[–>El texto aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 9 de marzo permite a los menores 16 años acceder a tratamientos hormonales para modificar su apariencia sexual. Según el artículo 53, podrán acceder a bloqueadores hormonales los menores de 16 años “desde la pubertad” y, después, a tratamientos hormonales de reafirmación para “propiciar el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios deseados”. A partir de los 16 años, los adolescentes tienen capacidad de decidir de manera autónoma. Por debajo de esa edad, deberán contar con el consentimiento de sus familias.
[–> [–>[–>Ningunea a los profesionales sanitarios
[–>[–>[–>
A juicio de los colectivos feministas de la región, el proyecto de ley “convierte a los profesionales del sistema sanitario asturiano en meras comparsas de acompañamiento en unas intervenciones impuestas por una ley que ni siquiera es de salud y que es contraria a la evidencia científica”.
[–>[–>[–>
Las organizaciones progresistas que se oponen a los actuales términos de la Ley Trans asturiana son Asfemas (Asamblea de Feministas Asturianas), Asociación Sara Súarez Solís, Femes (Feministas Socialistas), Foro de Mujeres del Llano, Fórum de Política Feminista de Asturias, Rapiegas Radfem y Tertulia Feminista Les Comadres.
[–>[–>[–>«Graves riesgos» sin especificar la vuelta atrás
[–>[–>[–>
Todas ellas subrayan que, “pese a no ser una ley de salud, se redacta como si se tratara de una ‘guía profesional’, como un manual de instrucciones que llega a definir pautas clínicas ‘conservación de gónadas’ o ‘marcadores tumorales’”.
[–>[–>[–>
Asimismo, añaden, “impone a los profesionales sanitarios asturianos, bajo pena de sanción, lo que hay que hacer”. Y lo hace, enfatizan las entidades feministas, “en contra de lo que dicen los expertos que alertan de los graves riesgos de tratamientos médicos irreversibles, sean farmacológicos o quirúrgicos”, que son aplicados “antes de que los menores alcancen la madurez mental y física”.
[–>[–>
[–>Sanitarios «indefensos» y sin derecho a objetar
[–>[–>[–>
Las mujeres progresistas reiteran una crítica ya formulada en días previos: el texto legal del Gobierno regional no contempla “el procedimiento que se debe seguir cuando la persona menor se arrepiente y quiere desandar el camino iniciado, situación que se presenta con frecuencia en este tipo de casos”. En esos supuestos, agregan “se deja al profesional sanitario indefenso ante posibles reclamaciones por mala praxis”.
[–>[–>[–>
El proyecto de ley tampoco contempla la posibilidad de que los profesionales puedan acogerse a la objeción de conciencia. Al contrario, “en caso de no llevar a cabo lo que la ley impone el profesional de la salud podrá ser sancionado”, indican los colectivos feministas.
[–>[–>[–>“Exigimos que no se utilice a los menores como rehenes de acuerdos políticos”, aseveran las citadas organizaciones.
[–>[–>[–>
Lo que dice la ciencia
[–>[–>[–>
En su comunicado de prensa de este domingo, las entidades progresistas apelan a “los informes más recientes en la materia”, como el “Informe Cass” (“Cass Review”), elaborado por el Servicio de Sanidad público británico, sobre una amplia muestra. Estudios que han sido bien acogidos por la comunidad científica española y que “alertan de los graves riesgos de las intervenciones con bloqueadores de la pubertad en menores: osteoporosis precoz, afectación del desarrollo neurológico, pérdida de memoria y de coeficiente intelectual, esterilidad, mayor riesgo de sufrir infarto y accidentes cerebrovasculares, etc”.
[–>[–>[–>
En este contexto de riesgos, las nuevas evidencias recomiendan “atender a cada caso concreto con apoyo psicológico y social, evitando cualquier efecto irreversible hasta que la persona haya logrado su desarrollo físico y mental”.
[–>[–>[–>
Los colectivos feministas de Asturias sostienen que estos estudios científicos “deben ser tenidos en cuenta”. Y añaden que “sería un atentado contra la salud de la población asturiana” el hecho de que “por existir un acuerdo entre formaciones políticas se aprobara una norma acientífica sin debate profesional y que no tiene en cuenta las últimas evidencias demostradas”.
[–>[–>[–>
Suscríbete para seguir leyendo
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí