Se cumple un año del gran apagón que dejó sin electricidad a la Península Ibérica y a parte de Francia sin culpables clarospero señaló. El sistema eléctrico español ha funcionado de manera diferente desde entonces, quemando más gas para generar electricidad como respaldo, encareciendo la factura y contaminando más.

Tres informes oficiales -el del comité impulsado por el Gobierno, el de la organización europea Entso-E y el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC- coinciden en no señalar directamente a un culpable y centrarse Su análisis explica que el origen del incidente fue multifactorial y una “tormenta perfecta”.

Este ambiguo reparto de responsabilidades ha puesto en el punto de mira a diferentes actores del sistema eléctrico, con Red Eléctrica en el centro de todas las miradas, seguida de las grandes eléctricas.

La empresa que preside Beatriz Corredor actúa como operador del sistema, por lo que en caso de fallo del sistema la primera responsabilidad recae en su dirección.

La programación del mix energético para el 28 de abril de 2025 ha sido puesta en duda debido a la limitada energía síncrona (nuclear, gas, hidráulica) que había disponible el día del incidente. La creciente penetración de las energías renovables, que no aportan esa estabilidad de forma natural, dejó al sistema más expuesto de lo esperado.

Pero también se señala si las eléctricas respondieron a las llamadas de Red Eléctrica para conectarse al sistema el día del apagón y si actuaron correctamente al controlar las sobretensiones del sistema y cumplieron con las normas.

La CNMC pone en el punto de mira a Red Eléctrica, Iberdrola, Endesa y Naturgy

Este reparto difuso de responsabilidades no ha impedido que los principales actores del sistema eléctrico estén hoy en el punto de mira. Red Eléctrica, Iberdrola, Endesa y Naturgy concentran gran parte de la atención de un regulador que ha decidido pasar de las conclusiones técnicas a las sanciones.

La organización que preside Cani Fernández no ha señalado culpables, pero ha iniciado decenas de investigaciones por infracciones relacionadas con el apagón. El regulador tiene iniciado hasta 55 expedientes sancionadoressiendo Iberdrola y Endesa las que más investigación acumulan.

Pero de todos ellos destacan especialmente dos. El primero, dirigido contra Red Eléctrica. El segundo, contra la asociación propietaria de las centrales nucleares de Almaraz y Trillo, cuya propiedad comparten Iberdrola, Endesa y Naturgy.

En el caso del operador del sistema, la CNMC investiga presuntas violaciones por mala gestión y funcionamiento eso habría resultado en «daño al sistema» o a sus súbditos.

El expediente iniciado contra la nuclear investiga si había reducido, sin autorización, la capacidad de producción o suministro de energía eléctrica, incluido el incumplimiento reiterado de las obligaciones de disponibilidad.

El día del apagón la central nuclear de Trillo no estaba disponible para repostar combustible, mientras que Almaraz no operó por motivos económicoses decir, argumentando que pierde dinero si entra en funcionamiento. En cualquier caso, Red Eléctrica aceptó los motivos.

Ambos expedientes son los únicos que se han abierto por presuntas violaciones “muy grave”, categoría que, en el marco regulatorio, puede traducirse en sanciones de hasta 60 millones de euros. El resto de procedimientos se enmarcan en niveles inferiores, sin riesgo para el sistema, aunque con multas que oscilan entre los 600.000 euros y los 6 millones.

Modo reforzado de Red Eléctrica: 666 millones para el consumidor

Desde aquel episodio, el sistema eléctrico español opera bajo una lógica de cautela permanente. Red Eléctrica ha implementado lo que denomina “operación reforzada”, una estrategia que pasa por incrementar la presencia de plantas de ciclo combinado de gas para garantizar la estabilidad ante posibles sobretensiones.

Según los propios datos del operador, Este refuerzo ha supuesto ya un sobrecoste de 666 millones de euros. Una cifra que la CNMC avala y se traduce en impacto directo para el consumidor: unos cuatro céntimos adicionales al día en la factura de quienes están en el mercado regulado.

La cifra difiere de los cálculos derivados de un informe encargado por las propias compañías eléctricas, que eleva el coste hasta finales de 2025 por encima de los 1.100 millones de euros.

El problema es que la factura puede aumentar hasta que se active del todo el control de tensión por las renovables y todavía no se ha determinado cuándo Red Eléctrica dejará de operar con este método actual.

El refuerzo del sistema también tiene una derivada que contrasta con los objetivos gubernamentales y europeos en términos climáticos. Optar por ciclos combinados implica inevitablemente quemar más gas.

Según Enagás, en el primer trimestre de 2026 El consumo de gas para generación eléctrica aumentó un 24% respecto al mismo periodo del año anterior. Un importante repunte que rompe la tendencia de reducción asociada al despliegue renovable.

Si miramos más atrás, desde el 29 de abril de 2025 hasta la fecha actual, la demanda de gas en El sistema eléctrico también ha crecido un 25% respecto al mismo periodo del año móvil anterior.

Con este escenario, se abre ahora un nuevo periodo marcado por la batalla judicial que acogerán los tribunales españoles para hacer frente a las millonarias reclamaciones que se esperan de los afectados por el apagón, tanto a nivel nacional como Repsol, como a nivel internacional en Portugal y Francia.