La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha apuntado a Iberdrola y Red Eléctrica en el contexto del apagón. El regulador ha abierto un expediente sancionador por supuestas infracciones «muy graves» contra ambas empresas que, aunque no señala culpabilidades directas, las deja como grandes sospechosos.

Este martes se cumple un año del apagón que dejó sin electricidad a la Península Ibérica y parte de Francia, con tres informes oficiales y una batería de 56 expedientes sancionadores, pero sin culpables directos.

Las acciones del regulador, anunciadas en vísperas del aniversario del incidente, reabren el debate sobre las responsabilidades en uno de los episodios más controvertidos de la última década.

Aunque Competencia sostiene que el origen del apagón fue multifactorial y que sus expedientes no atribuyen la causa a las empresas afectadas, las posibles infracciones que se podrían cometer en relación con el mismo pone el foco en ellas en un momento marcado por la batalla legal que se espera en los próximos meses.

En el caso de Red Eléctrica, la CNMC investiga si incumplió las funciones k-, l-, r- y u- del artículo 30.2 incluidas dentro de las infracciones muy graves de la Ley 24/13 (LSE) del Sector Eléctrico.

Violaciones «en perjuicio del sistema o de las materias», que apuntan directamente a la programación del ‘mix’ energía de ese día e implicaría una mala gestión y funcionamiento del sistema.

La empresa que preside Beatriz Corredor tiene la obligación de programar la operación de las instalaciones de producción eléctrica de acuerdo con el resultado de la casación de las ofertas comunicadas por el operador del mercado.

Iberdrola: 2 expedientes nucleares gravísimos y la mitad de los 56

En el caso de Iberdrola, la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán es la otra gran destacada por las investigaciones de la CNMC. La semana pasada inició un expediente por incumplimiento «muy grave» ante Centrales Nucleares Almaraz Trillo AIE, sociedad gestora de las citadas centrales, cuyos propietarios son Iberdrola (53%), Endesa (36%) y Naturgy (11%).

Este lunes, Competencia publicó un nuevo expediente de fecha 23 de abril, de Iberdrola Generación Nuclear, filial con la que gestiona el 100% de la central nuclear valenciana de Cofrentes.

En ambos casos, el organismo investiga presuntas violaciones al artículo 64.37 de la Ley del Sector Eléctrico. Es decir, la reducción, sin autorización, de la capacidad de producción o suministro de energía eléctrica.incluido el incumplimiento reiterado de las obligaciones de disponibilidad.

El día del apagón, Red Eléctrica no programó las centrales de Almaraz y Cofrentes, ya que sus propietarios Alegan razones económicas para no entrar en operación, es decir, alegaron que al operar perderían dinero. La central de Trillo tampoco lo hizo, en este caso por una recarga de combustible.

Red Eléctrica consideró entonces que había suficiente generación síncrona y permitió esta situación. La rentabilidad de la energía nuclear es uno de los debates en torno a la extensión de su vida, ya que con la creciente integración de las energías renovables en el sistema, se producen momentos de precios nulos o negativos en el mercado mayorista.

Los propietarios también se preocupan desde hace algún tiempo por los altos impuestos que deben afrontar, que Calculan unos 28 euros por megavatio hora (MWh) entre impuestos a la generación, el impuesto Enresa y otros ecoimpuestos medioambientales.

En cualquier caso, la CNMC ha reiterado que «las aperturas notificadas incluyen también la investigación de prácticas ocurridas en días o períodos distintos del 28 de abril de 2025pero que también constituirían indicios de posibles violaciones sectoriales detectadas en el marco de la investigación del incidente.

El Las posibles sanciones por este tipo de infracciones oscilan entre los 6 y los 60 millones de euros. y supondría daños especialmente graves a las instalaciones nucleares, en vilo por la extensión de su vida útil y un calendario de cierre que aún se mantiene sin cambios.

Más allá de los dos expedientes nucleares gravísimos, Iberdrola es la empresa que más investigaciones acumula con un total de 23 (25 con los de Almaraz-Trillo), la gran mayoría por supuestas infracciones graves en sus plantas.

Los plazos de la CNMC y la batalla judicial

La decisión del regulador llega en un momento especialmente delicado, coincidiendo con el aniversario del apagón, y tendrá hasta 18 meses para resolver cada uno de los expedientes iniciados hasta la fecha.

Un periodo prolongado que se producirá en paralelo a las reclamaciones judiciales de los consumidores afectados en España, Portugal y Francia, especialmente en el sector industrial.

La clave, como siempre en estos casos, Estará en los detalles técnicos y en la capacidad de las empresas energéticas para defender su desempeño durante una crisis. lo que puso en jaque la estabilidad del suministro en buena parte del país.

a lo largo del camino tres investigaciones oficiales, múltiples análisis técnicos y ninguna renuncia relevante. Un desenlace que contrasta con la magnitud del incidente y el impacto que tuvo en la percepción pública sobre el sistema eléctrico.

Mientras tanto, las consecuencias han sido tangibles para consumidores y empresas. La factura eléctrica ha experimentado un progresivo incremento, debido a la operación reforzada del sistema que Red Eléctrica aplica desde entonces, utilizando más plantas de gas para estabilizar el sistema.

Este refuerzo, diseñado para evitar nuevos episodios de inestabilidad, ha incrementado los costes operativos y, al final, ha acabado repercutiéndose en el recibo.