Poco a poco, la larga lista de más de 50 procedimientos de arbitraje internacional iniciado tras la retirada retroactiva de las primas renovables está reduciendo el número de litigios pendientes de resolución. De hecho, tras la cascada de condenas que sufrió España el pasado año 2025, actualmente sólo quedan tres expedientes por resolver.

Los casos en cuestión Se refieren a tres empresas alemanas. El primero de ellos es una entidad financiera, el Landesbank Baden-Württemberg, que lideró un consorcio inversor a través del cual se iniciaron varios proyectos renovables. Ante el revés sufrido, los banqueros alemanes iniciaron un procedimiento de arbitraje a finales de 2015.

El caso, tramitado por el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), está valorado en 482 millones de euros. Sí los acreedores terminan imponiéndose, una sentencia de este volumen sería la mayor conocida hasta la fecha, superando el importe de las adjudicaciones vinculadas a gigantes como NextEra o E.ON, que esperan el pago de 300 y 250 millones de euros respectivamente.

Paralelamente, hay otros dos inversores alemanes que todavía esperan una decisión del tribunal de arbitraje del Banco Mundial. El primero es WOC Photovoltaik Portfolio y el segundo, el vehículo VM Solar Jerez. Estos dos denunciantes no han aclarado la cantidad que exigen al Reino de España y el Gobierno de nuestro país tampoco lo ha hecho saber, por lo que La factura de una posible derrota es, a día de hoy, incierta..

Si sumamos las 27 sentencias a España conocidas hasta abril de 2026, encontramos que La deuda total asciende ya a 1.748,5 millones de euros. Sin embargo, a esta cifra hay que sumarle los intereses de demora acumulados por el incumplimiento de la indemnización emitida en el momento de finalizar el litigio, lo que supone casi 300 millones de deuda adicional:

Los costes asociados a este fiasco no se limitan a los intereses de demora, sino también a Abarcan una larga lista de sentencias de costas, derivadas no sólo de los propios procesospero también los gastos derivados de la estrategia de impago, que requiere litigios en numerosas jurisdicciones para intentar evitar el cumplimiento de los laudos. A esto hay que sumar los honorarios de consultores y despachos de abogados contratados por España. En total, los sobrecostes financieros y judiciales ascienden ahora a 544,7 millones, de modo que La deuda renovable alcanza ya el umbral de los 2.308 millones de euros.