EL gestión de comunidades de propietarios Este es generalmente un punto de tensión entre vecinos, es el caso de una urbanización de la Costa del Sol, donde los vecinos denuncian que la normativa autoriza ciertos márgenes que pueden favorecer prácticas no transparentes, sobre todo cuando se aprueban obras de alto coste.

El caso cobra relevancia en el momento en que se realizan inspecciones encaminadas a verificar el cumplimiento de las Real Decreto 355/2024lo que requiere adaptar la ascensores a los nuevos requisitos de seguridad. Entre las medidas previstas se encuentran mejora de cabinaprotección de cierre de puertas, comunicación bidireccional, control de carga y sustitución de guías. En algunos edificios, el derrames Para hacer frente a estas actuaciones se pueden alcanzar los 40.000 euros.

Aunque la obra deba ser aprobada en asamblea de propietarios, la Ley de propiedad horizontal permite la delegación del voto mediante un simple nota escrita a mano. Esta posibilidad, según algunos vecinos, abre la puerta a presidentes y administradores acumular poder en comunidades donde muchos propietarios ni siquiera saben cuánto pagan en concepto de tarifas o en qué se invierte el dinero.

“Los asuntos comunitarios están en desorden”, reconocen varios vecinos, percepción que explica por qué muchos vecinos prefieren no asistir en consejos de administración o asumir cargos de representación. Sin embargo, esta falta de interés, advierten, facilita que algunas comunidades «“Se hace lo que quieren”particularmente en grandes urbanizaciones con alto volumen económico.

Trabajo ilegal y cantidades cuestionables

Uno de los casos citados es el de María, quien afirma haber trabajo ilegal descubierto autorizado por su presidente y su administrador. Este tipo de situaciones, señalan, les obligan en ocasiones a acudir a los tribunales, con un coste que puede oscilar entre 3.000 y 7.000 euros ninguna garantía de éxito.

«Manejan presupuestos de más de dos millones de euros“Es más que en algunas ciudades de España”, explica esta vecina, que señala que en su comunidad el presidente compró una furgoneta que utilizó para su uso personal.

Los expertos y actores consultados creen que uno de los puntos más urgentes a revisar es precisamente el control de la delegación de voto. La ley, recordemos, autoriza esta fórmula, pero no establece claramente quién verifica que la autorización es real y no ha sido falsificada.

Otra fuente de riesgo, señalan, se produce en el segundas residenciasdonde los fraudes o irregularidades son más frecuentes porque un buen número de propietarios no viven allí todo el año. Además, en estas comunidades no son raros presupuestos que alcanzan los dos millones de euros, una cifra comparable a la economía de muchos municipios españoles.

Además, se corrige la percepción generalizada de que la administración más cercana es el ayuntamiento. En realidad, señalan, la gestión más inmediata para el vecino es la comunidad de propietarios, estructura que, a pesar de su importancia económica y práctica, sigue siendo en muchos casos prácticamente desconocida.

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