Uber Eats anunció el pasado enero su intención de dejar de trabajar con repartidores autónomos en España y ahora el compromiso adquirido públicamente de regularizar las aportaciones del personal que, durante sus años de actividad, había estado registrado como trabajadores por cuenta propia sin respetar los principios recogidos en el llamado Ley del Jinete.

En julio del año pasado, la Inspección de Trabajo abrió una investigación a esta plataforma para asegurar que su modelo de contratación cumplía con los requisitos legales de reconocimiento de sus trabajadores como empleados. Meses después, en marzo de este año, la Inspección concluyó sus actuaciones sobre Uber Eats con la reclamación de 110 millones de euros por impagos de cuotas y 60.000 altas falsas de autónomos.

Cabe recordar que la regularización de trabajadores, un total de 60.000, se ha producido tras el endurecimiento de responsabilidades que, como está ocurriendo en el caso de Glovo, incluye procesos penales.

El Departamento de Yolanda Díaz ha supervisado que el modelo de contratación de las empresas de reparto cumple con los requisitos legales para el reconocimiento de empleo establecidos en la convocatoria Ley del Jinete.

Esta norma, que obliga a las plataformas de reparto digitales a contratar a sus repartidores como empleados, entró en vigor en agosto de 2021.

La ley, fruto del acuerdo entre Trabajo, CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, afecta las relaciones laborales entre las plataformas dedicadas a la distribución o distribución de cualquier producto o mercancía y sus trabajadores.

Reconoce la presunción de contratación laboral de los trabajadores que prestan servicios remunerados de reparto a través de empresas que gestionan este trabajo a través de una plataforma digital, en línea con la sentencia emitida por el Tribunal Supremo en septiembre de 2020 en la que estableció que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.