El comité de empresa de la Consejería de Hacienda exige el cese inmediato de la directora de Sograndio tras el último motín de los internos
La crisis en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores (CRPM) de Sograndio suma un nuevo capítulo tras el motín registrado el pasado viernes en las instalaciones. El comité de empresa de la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos ha reclamado este lunes la “destitución inmediata” de la directora del equipamiento al considerar que los últimos incidentes evidencian “un colapso absoluto de la dirección” y una “pérdida total de control” del centro. Frente a esta petición, la Consejería niega que hubiese ningún tipo de motín en el equipamiento, sino que se trató de una pelea enter internos y que a pesar de que acudió la Guardia Civil, la misma no tuvo que intervenir porque el conflicto fue solucionado por el personal de vigilancia.
[–>[–>[–>[–>[–>[–>La petición llega apenas horas después de que LA NUEVA ESPAÑA desvelase la intervención de decenas de agentes de la Guardia Civil para sofocar una revuelta protagonizada por internos del centro, un episodio que, según la plantilla, volvió a poner sobre la mesa las carencias estructurales y organizativas con las que conviven desde hace meses.
[–> [–>[–>En el comunicado difundido por el comité, los representantes sindicales aseguran que durante el fin de semana se registraron “al menos tres agresiones” dentro de las instalaciones, en un clima que califican de “riesgo intolerable” tanto para trabajadores como para menores. Como consecuencia de la tensión vivida, cuatro internos tuvieron que ser trasladados en ambulancia al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) por problemas de salud derivados del estrés.
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El comité carga especialmente contra la actuación de la dirección durante el episodio. Según denuncian, la directora no acudió al centro en el momento de máxima gravedad ni asumió la coordinación de la respuesta pese a la presencia de la Guardia Civil, cuyos agentes, afirman, preguntaron expresamente por su ausencia y por la falta de protocolos operativos. “Esta documentación llevaba meses siendo reclamada sin obtener respuesta”, sostienen.
[–>[–>[–>Los trabajadores aseguran que la gestión de la crisis recayó íntegramente sobre la plantilla educativa y de seguridad. “El centro quedó sostenido únicamente por el esfuerzo del personal, que asumió funciones que no le corresponden ante la ausencia total de dirección”, denuncian. También critican que, al día siguiente de los hechos, no se produjera contacto alguno por parte de la directora para interesarse por la situación del centro o trasladar instrucciones.
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Entre los incidentes relatados, el comité destaca la agresión sufrida por un vigilante, que recibió patadas en las costillas, y por una educadora, golpeada con un palo de billar durante una intervención. Precisamente, la presencia de este material ya había sido advertida previamente por los representantes de los trabajadores, que aseguran que fue el propio personal quien decidió retirarlo por motivos de seguridad.
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[–>A estas críticas se suma la denuncia por la ausencia de personal sanitario en un momento considerado crítico y la falta de seguimiento posterior a los menores trasladados al HUCA. “No hubo ni una llamada para interesarse por su estado”, lamentan.
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El comité insiste en que la situación no responde a “errores puntuales”, sino a una “gestión negligente” prolongada en el tiempo. Recuerdan además que ya habían solicitado anteriormente tanto la dimisión de la directora como su cese ante la Consejería, sin obtener respuesta. “Se alegó entonces que no existían razones objetivas para apartarla y se defendió su elevada implicación con la institución, algo que los hechos recientes desmienten de forma contundente”, sostienen.
[–>[–>[–>Por todo ello, los representantes de la plantilla consideran que la continuidad de la actual dirección es “incompatible con la seguridad, la legalidad y la prestación de un servicio público digno”. Advierten además de que, si no se produce una destitución inmediata, impulsarán “todas las acciones necesarias” para exigir responsabilidades y proteger a los profesionales del centro.
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La polémica reabre así el debate sobre la situación interna de Sograndio, un equipamiento que ya había protagonizado otros episodios conflictivos en los últimos meses y sobre el que la plantilla viene alertando de una creciente falta de medios humanos y materiales.
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