Y varios de ellos tenían que ver con el Fondos europeos del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia acordado con la Comisión Europea. De hecho, el organismo supervisor advierte que El Gobierno utilizó 2.389,4 millones de euros del ‘Próxima Generación’ para pagar el gasto público relacionado con las pensiones.

En concreto, según el informe correspondiente, se utilizaron para dotar a los artículos de Pensiones de Clase Pasiva y complementos de pensión mínima.

Para el Tribunal de Cuentas, este uso de fondos es un «incidencia«cuyos fundamentos jurídicos «deberían haber estado mejor justificados.

Más allá de las modificaciones regulatorias que se realicen, cabe recordar que los fondos Próxima generación No se pueden utilizar para gastos corrientes.como pensiones o salarios de los funcionarios.

El órgano, además, enfatiza el números rojos de la Seguridad Social. Especialmente en lo que respecta al patrimonio neto negativo, que alcanza los 106.138 millones de euros y que el Estado ha cubierto con préstamos y transferencias corrientes.

El Tribunal de Cuentas alerta de más errores o deficiencias en la Cuenta General del Estado para 2024. Advierte de que «el resultado presupuestario es sobrevalorado en 4.090 millones de euros por una incorrecta imputación temporal de las operaciones».

Deficiencias

De hecho, «quedan pendientes de reconocimiento» obligaciones por 5.366 millones y derechos por 2.021 millones de euros en los cálculos del Ejecutivo. Y el resultado del capital económico está «sobrevalorado» en 1.695 millones.

Por otro lado, también se produce una «sobrevaloración de los deudores tributarios y no tributarios de la Administración General del Estado (AGE) en 11.263 millones de euros». Pero también una «infravaloración de los deudores de la Seguridad Social, SEPE y Fogasa en 2.644 millones» que lo compensa parcialmente.

A ello se suma una «infravaloración de los deudores por falta de registro de intereses de demora de las deudas por cotizaciones sociales, por 781 millones».

A pesar de estas críticas, el Tribunal de Cuentas aprueba la contabilidad estatal, ya que «presenta fielmente la situación económica, financiera y patrimonial«. Salvo las críticas y reservas señaladas. Que no son pocas.