El Tribunal de Cuentas detecta 2.389 millones de fondos europeos destinados a pagar pensiones
El Tribunal de Cuentas aprobó este martes la declaración sobre la Cuenta General del Estado de 2024 —el informe anual en el que este organismo fiscaliza la gestión financiera del sector público– con un dictamen que, si bien fue favorable, no estuvo exento de advertencias. La más llamativa destaca que el Gobierno utilizó cerca de 2.389 millones de euros procedentes de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia —el plan ‘Next Generation EU’— para pagar pensiones de clases pasivas (aquellas destinadas a funionarios de carrera) y complementos a mínimos, un uso que el Tribunal considera insuficientemente justificado.
[–>[–>[–>En concreto, Tribunal reconoce que el Ejecutivo consideró que esa operación no comprometía el cumplimiento del plan de recuperación, pero advierte de que la decisión se llevó a cabo «bajo unos fundamentos jurídicos que tendrían que haber quedado mejor justificados», tal y como explica en el propio informe. Es decir, que si bien el dinero puede haberse usado dentro de la legalidad, pero sin dejar suficientemente claro por qué.
[–> [–>[–>El órgano fiscalizador sitúa este episodio en un contexto más amplio, marcado por la prórroga de los presupuestos de 2023. Y es que, a raíz de este retraso, al no haber cuentas nuevas adaptadas a la realidad de ese año, resulta que el Gobierno tuvo que hacer modificaciones presupuestarias para no dejar de pagar pensiones que, el caso concreto de las clases pasivas, fue echar mano de fondos europeos que aún no estaban asignados a ningún proyecto. En total, las modificaciones presupuestarias del ejercicio sumaron 77.341,9 millones de euros en gasto adicional.
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En lo que al saldo principal de la Deuda del Estado respecta, esta ascendía, a 31 de diciembre de 2024, a 1,46 billones de euros. Esa cifra hubiera sido aún mayor si no hubiese sido por el buen comportamiento de los ingresos fiscales, que evitó que toda esa factura extra recayera sobre la deuda pública.
[–>[–>[–>La Seguridad Social, ocho años en números rojos
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Uno de los puntos más recurrentes en los informes del Tribunal de Cuentas vuelve a estar presente. El balance de la Seguridad Social acumula por octavo año consecutivo un patrimonio neto negativo, pese a las reformas del sistema de pensiones. En concreto, a 31 de diciembre de 2024 ese déficit patrimonial alcanzaba los 106.138,7 millones de euros, resultando en un balance que se financiaba, principalmente, a través de préstamos del Estado cuyo importe acumulado asciende a 126.170,2 millones de euros, equivalente al 7,91% del PIB.
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Para poner en perspectiva, en 2023 el patrimonio neto negativo de la Seguridad Social era de 98.526 millones, financiado mediante préstamos acumulados de 116.166 millones, el 7,75% del PIB. Es decir, que en tan solo un año, la brecha se ha ensanchado en más de 7.600 millones.
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[–>Las bajas laborales, otro foco de preocupación
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Además, el informe también pone el foco en el coste disparado de las bajas por enfermedad común. El Tribunal detecta un «importante déficit estructural» de 2.677,3 millones de euros en la gestión de la incapacidad temporal en las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, entidades privadas que gestionan este tipo de prestaciones para los trabajadores afiliados.
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Más allá de las alertas estructurales, el Tribunal también señala incorrecciones en los propios registros contables del Estado. Entre las salvedades formales figura una sobrevaloración del resultado presupuestario consolidado de 4.090,3 millones por una imputación incorrecta de ingresos y gastos, así como una sobrevaloración de deudores tributarios y no tributarios por 11.263 millones de euros, y una infravaloración de deudores de la Seguridad Social, el SEPE y el FOGASA por 2.643,9 millones.
[–>[–>[–>La declaración fue aprobada con un voto particular en contra y seis votos concurrentes —a favor, pero con matices— lo que refleja cierta tensión interna en el órgano fiscalizador sobre el alcance de las advertencias.
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