El caso se remonta a 2020, en plena pandemia, cuando un amigo La denunció por presunto abuso mientras estaba en Almería después de dar a luz. Aunque una primera inspección no detectó signos de riesgo para la menor, una segunda denuncia activó el protocolo de los servicios sociales, que decidieron separar a la bebé de su madre.

«Cuando di a luz, después 17 días después, mi compañero de cuarto llamó a los servicios sociales acusándome de abusar de mi hijo. Creo que lo hizo por celos, tuvo problemas mentales cuando le quitaron a su hijo”, nos cuenta Jessica en una entrevista para Antena 3 Noticias.

Como explica Jessica, Le quitaron a su hijo sin evaluación psicológica previa y pruebas médicas concluyentes. “No sólo no le realizaron pruebas toxicológicas ni psiquiátricas, sino que tampoco se demostró sufrimiento físico fetal”, explica su abogada, Marta Boza.

Fue a partir de este momento que se inició un largo trámite administrativo y judicial para intentar recuperar a su hijo. Y al inicio de la lucha, las autoridades exigieron condiciones como empleo y vivienda estables en España, exigencias difíciles de cumplir dado que España estaba en pleno confinamiento debido al Covid-19.

Para regularizar su situación, Jessica se mudó a Cataluña, porque asegura tener contactos allí que le ayudarían a encontrar vivienda y trabajo más rápidamente. Una decisión que no gustó a las instituciones, porque la interpretaron como un abandono. Y fue durante este período que el menor fue colocado con una familia de acogida, con la que vive desde entonces.

Pero el caso dio un giro inesperado cuando la persona que presentó la denuncia inicial se retractó y admitió que las acusaciones eran falsas. Una vez conocida la situación, un juzgado ordenó la devolución del menor con su madre biológica. Pero el proceso no quedó ahí. El Tribunal Supremo revisó el caso y, aunque reconoció posibles fallos en la actuación inicial de los servicios sociales, decidió que el niño debía permanecer en acogimiento familiar. La decisión se basó en el principio del “interés superior del niño”, argumentando que luego de varios años de convivencia, el niño estaba plenamente integrado a su entorno actual.

«Perpetúan una situación, no tienen argumentos, Dicen que ahora, por el tiempo, no merece la pena devolver al niño. Avanzaremos hacia lo constitucional y si es necesario hacia lo europeo”, advierte el abogado.

6 años sin ver a su hijo

Jessica dice que no ha visto a su hijo desde que tenía 9 meses y que no ha estado en Francia desde hace muchos años. «Lo hago por él, hace muchos años que no voy a Francia, estoy aquí por él y seguiré luchando por él».

Una lucha que ha relanzado el debate sobre los protocolos de expulsión de menores y la necesidad de más garantías en situaciones tan delicadas.

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