Digi vuelve a estar en el foco judicial en Rumanía. La teleco de Zoltán Teszári se enfrenta este miércoles a una nueva vista judicial por el caso de corrupción que arrastra desde hace más de una década, tras el recurso de la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) del país rumano a la sentencia absolutoria de finales del año pasado.

El proceso judicial aborda la investigación de la empresa, del director general del grupo, Serghei Bulgac, así como de otros antiguos y actuales directivos, por su presunta participación en delitos de blanqueo de capitales y soborno.

El origen del litigio se sitúa entre 2009 y 2011, cuando Digi invirtió 3,1 millones de euros en una empresa conjunta con Bodu SRL, propiedad de Bogdan Dragomir, hijo del presidente de la Liga Rumana de Fútbol Profesional, Dumitru Dragomir.

Esta operación, centrada en la explotación de un local de eventos en Bucarest, se amplió posteriormente con nuevas transacciones en 2015. y 2016, que finalizó con la adquisición total del activo por parte del operador.

Para la empresa, Se trataba de medidas encaminadas a garantizar la continuidad del negocio y recuperar la inversión inicial. Pero la agencia anticorrupción del país observó indicios de una supuesta operación destinada a encubrir pagos irregulares.

La DNA sostuvo que parte de los fondos canalizados a través de la empresa conjunta se habrían utilizado para remunerar ilícitamente a figuras influyentes del fútbol rumano. Las acusaciones cobraron relevancia tras denuncias del grupo mediático Antena, que apuntaban directamente a la existencia de sobornos.

El 25 de noviembre de 2025, el Tribunal de Apelación de Bucarest absolvió a todos los acusados, ya que “«Los hechos delictivos que se les imputaban han prescrito».según la declaración de Digi en ese momento.

Además, ordenó el levantamiento de los embargos sobre los activos de la empresa. La resolución fue celebrada por Digi, que luego defendió que las acusaciones eran infundadas y que todas sus actuaciones se ajustaban a derecho.

Digi niega la acusación y defiende que los delitos han prescrito

Pero la sentencia no es firme y el proceso continúa, según explica Digi en su informe financiero anual. Anticorrupción apeló la decisión judicial y la audiencia judicial está prevista para este miércoles 6 de mayo.

«Seguimos negando cualquier acusación contra Digi Rumania, Integrasoft SRL (filial del grupo) o cualquiera de nuestros directores o sus directores. o empleados actuales o anteriores en relación con este asunto, y creemos que en todo momento actuaron de acuerdo con la legislación aplicable», indica la empresa en sus documentos.

En esta línea, considera que todos los delitos por los que se les acusa han prescrito, «lo que debería excluir toda responsabilidad penal de dichas personas y limitar la exposición de Digi Rumanía a los aproximadamente 4 millones de euros de sanciones pecuniarias no prescritas.

A pesar de su convicción de inocencia, la empresa advierte que Si se admite el recurso y finalmente se condena a Digi, podría ver limitada su capacidad para participar en licitaciones públicas en Rumania e incluso un “mayor escrutinio” de sus operaciones que afectar negativamente la percepción de uno del grupo.

También explica que, si ocurriera alguna de estas circunstancias, Digi tendría problemas en sus relaciones con las autoridades gubernamentales, socios comerciales, prestamistas del país, así como la reducción de su capacidad para renovar, mantener o firmar nuevos acuerdos importantes.

El otro litigio del grupo

Más allá de este proceso judicial, Digi mantiene abiertos otros litigios regulatorios en su país de origen con los organismos competentes. Una de las investigaciones es por presunto abuso de posición dominante en el mercado que el Consejo Rumano de Competencia (RCC) abrió en mayo de 2025.

El riesgo de este expediente puede tener un impacto económico, ya que las leyes rumanas de competencia contemplan multas de hasta 10% de la facturación total del grupo por cada infracción individual.

El otro tiene que ver con las capacidades que el regulador de telecomunicaciones de Rumanía (Ancom) ha otorgado a Digi, al considerarla un operador con Significant Market Power (SMP) en más de 6.000 localizaciones del país.

Digi perdería así la libertad de gestionar su infraestructura de fibra óptica y se vería obligada a alquilarla a sus competidores directos (como Orange o Vodafone) con tarifas reguladas por el Estado.

Pero la Comisión Europea intervino en el proceso y abrió una investigación exhaustiva por «graves dudas» de la compatibilidad del proyecto con la legislación de la UE.