Economia

La UE confirma el retraso del Gobierno en la ejecución de los fondos europeos

La UE confirma el retraso del Gobierno en la ejecución de los fondos europeos
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  • Publishedmayo 6, 2026




El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha cuestionado la forma en que España informa sobre los principales beneficiarios de los fondos europeos pospandemia al haber detectado «deficiencias» en los datos publicados. En un informe sobre la transparencia y trazabilidad del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), los auditores advierten de que la información ofrecida «no se ajusta plenamente a lo que dicta la normativa europea», lo que «dificulta saber con precisión quién recibe las ayudas y en qué cuantía».

Una de las principales quejas se refiere a que España publica en su lista de mayores destinatarios finales «las cantidades asignadas a cada beneficiario, en lugar de las realmente desembolsadas». Esta diferencia es clave, ya que el reglamento del fondo establece explícitamente que «deberán comunicarse las cantidades efectivamente recibidas».

Además, el organismo comunitario señala que los datos publicados por España «sólo cubren a los beneficiarios vinculados a medidas que ya han sido incluidas en las solicitudes de pago enviadas a la Comisión Europea». Esto implica que parte del plan de recuperación queda fuera de la fotografía pública.

Aunque el informe reconoce que las autoridades españolas están trabajando en una actualización de estos datos para ampliar su alcance y abarcar todo el plan, independientemente del estado de los hitos y objetivos asociados a los pagos, los auditores sitúan a España entre los países donde los sistemas de información «no recogen sistemáticamente» todos los datos necesarios sobre el uso de los fondos.

El Tribunal considera que el MRR presenta «lagunas, tanto en transparencia como en trazabilidad», señala que no existe una visión global «sobre cómo se utilizan los recursos, ni sobre los costes reales de las medidas financiadas o los resultados obtenidos» y señala limitaciones en el papel de la Comisión, que no recoge datos sobre los importes realmente pagados por medida.



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