El gobierno de Gibraltar está considerando reforzar su legislación contra los delitos sexuales más graves y una de las medidas propuestas es la posible aplicación de la castración química a los condenados por violación y abuso sexual de menores.

Así lo confirmó el Ministro de Justicia, Nigel Piesham, quien explicó que la propuesta podría incluirse en una futura reforma del proyecto de ley sobre delitos sexualesla ley con la que el Ejecutivo quiere reforzar las sanciones y controles a los delincuentes sexuales.

Por supuesto, Piesham dejó claro que aún no se había tomado ninguna decisión.. Actualmente, el gobierno está analizando las posibles implicaciones legales y de derechos humanos antes de dar un paso tan controvertido.

Londres debe dar luz verde: sanción real

De hecho, el ministro ya ha enviado una solicitud al gobierno del Reino Unido para saber si una reforma de este tipo podría generar problemas constitucionales. En Gibraltar, cualquier nueva ley debe recibir la aprobación británica –el famoso consentimiento real– antes de entrar en vigor..

El debate se produce después de que se rechazara la solicitud de liberación compasiva de un delincuente sexual condenado. Según informó GBC, el caso está vinculado a Charles Montegriffo, de 90 años.

Después de conocer esta frase, Piesham ya ha dejado clara su postura con unas declaraciones que vuelven a cobrar protagonismo.: “La compasión debe dirigirse a las víctimas y no a los perpetradores de delitos sexuales graves. »

La nueva medida también prevé endurecer las penas de prisión

Además de esta posible medida, el Ejecutivo gibraltareño prepara otros cambios legales encaminados a reforzar la ejecución de las penas. Entre ellos, ¿cuál Las personas condenadas por delitos sexuales condenadas a más de un año deben cumplir al menos las tres cuartas partes de su condena. antes de que se le concediera la libertad condicional.

El Gobierno también quiere limitar el uso de las llamadas «garantías», un tipo de amonestación formal que en algunos casos evita el juicio, con el objetivo de aumentar el control y la transparencia de este tipo de procedimientos.

Con todo ello, Gibraltar busca enviar un mensaje claro: endurecer la respuesta a los delitos sexuales más graves sin salirse del marco legal y constitucional vigente.

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