El Gobierno cubano critica una medida de «castigo colectivo» hacia el pueblo cubano y denuncia una «intención genocida» por parte de Washington

Un grupo de expertos de la ONU advierte que el bloqueo de combustible impuesto por EE.UU. desde enero equivale a «hambruna energética»

MADRID, 7 (PRENSA EUROPA)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves la imposición de sanciones contra una empresa controlada por el Ejército cubano y su director, así como contra una empresa minera, en el marco del creciente bloqueo y presión de la Administración Trump contra la isla y sus autoridades.

Los afectados por estas medidas son el conglomerado militar Grupo de Gestión Empresarial SA (GAESA) y su directora, Ania Guillermina Lastres Morera; Además de la minera Moa Nickel SA (MNSA), ha indicado la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sin dar más detalles.

Por su parte, el Departamento de Estado ha precisado que GAESA es «una empresa paraguas controlada por el Ejército cubano (que) controla aproximadamente el 40% o más de la economía de la isla». Así, ha asegurado que la empresa «está diseñada (…) únicamente en beneficio de las élites corruptas» del país y no de los ciudadanos, triplica el presupuesto del Estado y controla 20.000 millones de dólares en activos ilícitos, convirtiendo a Lastres en «responsable» de la gestión de esos ingresos en el exterior.

«Mientras el pueblo cubano sufre hambre, enfermedades y una falta crónica de inversión en infraestructura crítica como la red eléctrica, gran parte de las ganancias de las actividades de GAESA se desvían a cuentas bancarias ocultas en el extranjero», añadió.

Por otro lado, MNSA es una «joint venture» de la canadiense Sherritt International Corporation y la estatal cubana La Compañía del Níquel, y está sancionada por haber «explotado los recursos naturales de Cuba en beneficio del régimen y a costa del pueblo cubano». «Obtiene beneficios de activos que el régimen cubano expropió originalmente a particulares y empresas estadounidenses», ha asegurado el Departamento.

La cartera dirigida por Marco Rubio, que ha apuntado a nuevas sanciones contra entidades vinculadas a La Habana «en los próximos días y semanas», ha encuadrado estas medidas como parte de la «campaña» de Washington para abordar las «amenazas apremiantes a la seguridad nacional» que supuestamente constituyen las autoridades cubanas y «hacer responsables tanto al régimen como a quienes le proporcionan apoyo material o financiero».

El ministro cubano de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez, ha criticado en las redes sociales estas nuevas medidas de «castigo colectivo» hacia su país y ha considerado que, con ellas, «el Gobierno de Estados Unidos confirma su intención genocida contra la nación cubana y despeja todas las dudas sobre la falsedad de sus pretextos para atacar» la isla.

«Sus acciones se basan en la confianza de que puede imponer su voluntad al resto de los gobiernos del mundo, cuyos ciudadanos y empresarios están amenazados por la coerción ilegítima del Gobierno estadounidense», añadió.

Este mismo jueves, un grupo de expertos de Naciones Unidas ha advertido de que el bloqueo de combustible al que está sometido el país caribeño desde principios de año equivale a una «hambruna energética» con graves consecuencias tanto para el desarrollo general como para los Derechos Humanos en la isla.

«Cuba ha sido sometida a una hambruna energética por parte de Estados Unidos, situación en la que la falta de combustible paraliza el funcionamiento de servicios esenciales necesarios para una vida digna. Este bloqueo ilegal no sólo perturba la vida cotidiana, sino que también socava el disfrute de una amplia gama de Derechos Humanos», declararon en un comunicado.

Además, el grupo de expertos ha subrayado que la orden ejecutiva con la que la Administración Trump autorizó este bloqueo no demuestra cómo Cuba representa una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos. “Si bien la orden hace referencia a preocupaciones sobre los Derechos Humanos en Cuba, no considera cómo la medida en sí -una medida coercitiva unilateral- perjudica directamente el goce de los Derechos Humanos del pueblo cubano”, consideró.