El Inversores afectados por recortes retroactivos en las primas de renovables ejecutados por España continúan estudiando fórmulas para cobrar las indemnizaciones que, según su interpretación, tienen derecho a recibir por diferentes laudos dictados por organismos internacionales. Y, ante la negativa del Estado a pagar, barajan diferentes fórmulas para depositar estos fondos, entre las que se encuentran el Incautación del avión oficial de Pedro Sánchez, el Falcono de un Contrato de misiles Patriot firmado por el Ministerio de Defensa con la empresa estadounidense Raytheon.

Los acreedores han intensificado sus acciones judiciales en Estados Unidos para ejecutar lo que consideran obligaciones de pago derivadas de arbitrajes internacionales. Hasta la fecha, los tribunales estadounidenses han reconocido siete resoluciones favorable a los inversores afectados, con oobligaciones de pago cercanas a los 688 millones de euros.

Según explicaron los representantes legales de estas empresas, las actuaciones desplegadas en Estados Unidos incluyen nuevas órdenes de «descubrimiento» dirigidas al seguimiento de activos, pagos, transferencias y operaciones financieras relacionadas con organismos públicos, empresas estatales y entidades vinculadas al Reino de España. Las solicitudes judiciales llegan a infraestructuras centrales del sistema financiero internacional, incluida la Reserva Federal (FED), sistemas de pago como Fedwire o SWIFT, y transacciones canalizadas a través de The Clearing House Payments Company, operadora del sistema CHIPS.

Según la documentación judicial vinculada a estos procedimientos, los acreedores buscan acceder a través de estos requisitos a información relacionada con cuentas, depósitos, transferencias y flujos financieros de España tramitados a través del sistema bancario estadounidense desde noviembre de 2021, cuando comenzaron a producirse los primeros reconocimientos judiciales de deuda en EE.UU. Los acreedores creen que esta información podría facilitar futuros procedimientos de embargo, localización de activos o intervención de pagos internacionales vinculados al Estado español.

Paralelamente, los acreedores han iniciado diversas acciones relacionadas con operaciones comerciales y financieras vinculadas a España en territorio estadounidense. Entre ellos se encuentra el análisis de posibles medidas cautelares o acciones judiciales relacionadas con el contrato de defensa firmado por España con Raytheon para la adquisición de cuatro sistemas Patriot valorados en más de 1.700 millones de dólares. Fuentes jurídicas vinculadas al proceso explican que los equipos jurídicos estudian fórmulas para intervenir en pagos anticipados, garantías o transferencias financieras asociadas a dicha operación, especialmente si parte de la operación se realiza a través de entidades sujetas a la jurisdicción federal estadounidense.

el abogado Matthew McGill, socio de King & Spalding y principal representante legal de buena parte de los inversores afectados, ha señalado en una reciente visita a Madrid que los acreedores consideran que la negativa de España a ejecutar laudos internacionales está obligando a desplegar una estrategia internacional para localizar y embargar activos. McGill explicó que los tribunales estadounidenses han autorizado acciones de descubrimiento en diferentes estados de Estados Unidos, permitiendo reclamar información financiera y contractual vinculada al Reino de España.

Según él, determinados bienes utilizados por instituciones españolas durante viajes oficiales en territorio norteamericano podrían potencialmente ser objeto de procedimientos judiciales. Entre los ejemplos mencionados está el avión halcón oficial habitualmente utilizado por el Gobierno de España. Según McGill, una posible presencia de dichas aeronaves en territorio estadounidense -por ejemplo, durante viajes relacionados con la Copa Mundial de Fútbol de 2026- podría abrir la puerta a solicitudes judiciales de embargo o inmovilización cautelar por parte de acreedores.

El abogado recuerda que la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández Kirchner, ya se vio obligada en una situación similar a utilizar vuelos «chárter» cuando viajaba a Estados Unidos para evitar la posible incautación de su avión oficial Tango 1.

copa mundial de futbol

Los acreedores también han iniciado acciones vinculadas a la participación de España en el Mundial de 2026, incluidos requerimientos legales dirigidos a proveedores, patrocinadores y entidades relacionadas con la organización del torneo.

A pesar de la batería de iniciativas desplegadas por los acreedores en Estados Unidos para cobrar el dinero que consideran que tienen derecho a recibir en virtud de los laudos, desde que Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Aseguran que las sentencias dictadas en primera instancia que reconocen premios «son susceptibles de recurso y todas ellas han sido recurridas». De hecho, España tiene una tarea pendiente recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos que, en principio, debería pronunciarse sobre el asunto antes de finales de junio. De prosperar, añaden desde Miteco, supondría que los laudos “no podrán ser reconocidos ni ejecutados en Estados Unidos”. Sin embargo, los equipos legales de los acreedores aseguran que el próximo 21 de mayo se espera que la Fiscalía General de Estados Unidos emita un fallo que podría ser definitivo y favorable a sus intereses.