HUELVA 8 de mayo. (PRENSA EUROPA)-

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha trasladado su «más sentido pésame» a los familiares de los agentes fallecidos este viernes en aguas de Huelva durante una operación marítima contra el narcotráfico y ha lamentado que «la administración tenía las advertencias sobre la mesa» pero «las ignoraba».

Así lo indicó la asociación en un comunicado donde también expresó su «solidaridad» y su «deseo de una pronta recuperación» a los agentes hospitalizados, uno en estado grave y otro con heridas leves.

Según señala la AUGC, el servicio de los agentes «se inició a las 8.00 horas cuando una embarcación semirrígida y el barco interceptor ‘Río Antas’, sexta unidad del modelo HS60 construido por el astillero gallego Aister y entregado al Servicio Marítimo de la Guardia Civil (Semar) en diciembre de 2025, interceptaban una patera narco a entre 60 y 80 millas de la costa onubense», en aguas entre Punta Umbría y Mazagón.

Continúa señalando que «la colisión entre dos de las embarcaciones durante la persecución ha costado la vida a dos agentes y ha dejado a otros dos fuera de combate».

Al respecto, han detallado que el ‘Río Antas’ tiene «cinco meses de vida» y es uno de los buques «más capaces» de la flota de la Semar» y tiene «18 metros de eslora y alcanza más de 60 nudos de velocidad máxima», por lo que advierten que «incluso con este medio, una tragedia de esta magnitud dice más de las condiciones del escenario operacional que del equipamiento del buque».

Desde la AUGC afirman que «el narcotráfico no eligió Huelva por casualidad» sino porque «la creciente presión policial en el Campo de Gibraltar empujó a las organizaciones criminales hacia el oeste, consolidando la costa onubense como uno de los principales puntos de entrada de droga a Europa» y señalan que la Comandancia de Huelva «opera con cerca de 300 agentes menos de los que debería», lo que supone «un déficit cercano al 20% de su plantilla teórica» ​​y que «cuenta con la mitad de agentes especializados en la lucha contra la droga que la de Cádiz».

«No se trata de un accidente imprevisto. Es la consecuencia directa de una situación de riesgo documentada, analizada y trasladada formalmente a la administración, que optó por no actuar», afirmó la AUGC, añadiendo que presentó varias solicitudes específicas a la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales.

Entre ellos se encontraba una «evaluación específica del riesgo laboral derivado de las intervenciones marítimas contra el narcotráfico, teniendo en cuenta la elevada peligrosidad y desproporción operativa», la «plantilla mínima de cuatro efectivos» por unidad «en misiones con posibilidad de abordaje o contacto físico con tripulaciones hostiles».

También la restricción del uso de embarcaciones semirrígidas «no protegidas» a funciones de vigilancia «no hostiles», con «dotación de medios de visión nocturna, cabinas o pantallas de protección física y medios disuasivos no letales» y la revisión del procedimiento de activación de embarcaciones rápidas tipo HS60, «para que pueda ser inmediato y descentralizado en situaciones de emergencia operativa».

Ante ello, critican que la «respuesta de la administración» fue que «no corresponde a la Comisión limitar el uso de embarcaciones semirrígidas a funciones de vigilancia no hostil, porque quien debe valorarlo es precisamente la tripulación, tanto del servicio marítimo como de la tripulación operativa, que en un momento dado son quienes tendrán que intervenir».

«La administración respondió que el criterio sobre si una embarcación desprotegida debe enfrentarse a una embarcación narco armada corresponde al agente que ya tiene el problema. Sin protocolo, sin personal adecuado, sin apoyo previo de ningún tipo», lamentó la asociación que critica que «ese es el nivel de respuesta institucional a las advertencias».