carta a quienes lo sostienen -y a quienes lo frenan-
Adolfo Rivas Fernández es director general de la Fundación Vinjoy
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Hay lugares donde un país se juega su verdad moral. Lo social es uno de ellos. Allí donde una firma protege o retrasa, donde una decisión abre camino o lo bloquea, donde una norma se interpreta con humanidad o con miedo, no se resuelve solo un expediente: se decide la dignidad concreta de quienes menos margen tienen.
[–>[–>[–>Escribo esta carta desde muchos años de convivencia con ese territorio. Desde una vida profesional siempre vinculada a lo público y a la acción social. Y la dirijo únicamente a dos colectivos: a quienes ejercen responsabilidad política en lo social y a quienes, desde el funcionariado social, sostienen cada día el armazón del servicio público. A ellos –solo a ellos– me dirijo. A quienes lo hacen posible con decencia, y también a quienes, por miedo, inercia, comodidad o desidia, lo frenan, lo deforman o lo vacían de sentido.
[–> [–>[–>Lo público en lo social: carta a quienes lo apoyan -y a quienes lo frenan- / .
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En nuestro ámbito se repiten con demasiada ligereza frases como estas: «los políticos no sirven», «están ahí por interés», «viven de privilegios». Yo mismo las pronuncié hace años, hasta que la convivencia diaria con decenas de responsables públicos en políticas sociales desmontó ese prejuicio. Es impopular decirlo, pero profundamente verdadero: la inmensa mayoría de quienes ejercen responsabilidad política en lo social son personas honestas, trabajadoras y comprometidas. No hablo de discursos. Hablo de vidas dedicadas a resolver problemas que no dan prestigio, que rara vez traen aplausos y que casi nunca devuelven, en reconocimiento o sosiego, el desgaste que exigen.
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Conviene subrayar además algo que casi nunca se reconoce: la responsabilidad que asumen es enorme, la presión pública y la exigencia moral son constantes y el desgaste personal, institucional y reputacional resulta mucho mayor de lo que suele admitirse. Y esto no es una cuestión menor. Si desprestigiamos indiscriminadamente la política social, alejamos de ella a quienes podrían ejercerla mejor y debilitamos la calidad democrática allí donde más criterio, más firmeza y más humanidad se necesitan.
[–>[–>[–>Existe un malestar general contra «la política» que se lanza sin mirar a quién golpea. Pero, al menos en el ámbito que conozco de verdad, el de lo social, esa crítica indiscriminada es en gran medida falsa. Aquí no hay rutas cómodas hacia el privilegio, sino desgaste, complejidad y renuncia. Y yo, que he rechazado cargos políticos por honestidad y por amor a mi oficio, puedo decirlo con serenidad: si queremos que los mejores perfiles se dediquen a la política social, debemos dejar de maltratarla.
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Pero reconocer eso obliga también a decir algo más. Quienes asumen responsabilidad política en lo social no están solo para administrar inercias ni para convivir resignadamente con los bloqueos del sistema. Tienen legitimidad democrática, responsabilidad de dirección y también la tarea de impulsar, dentro de la complejidad real de la Administración, las revisiones, correcciones y desbloqueos que lo público necesita cuando se aparta de su sentido. Gobernar en lo social no consiste solo en sostener estructuras: consiste también en orientarlas, acompañar su mejora y favorecer que funcionen al servicio de la dignidad. Hay momentos en los que promover esas correcciones no es dureza: es justicia institucional. Porque cuando el bloqueo se normaliza, no se enfría solo un procedimiento: se enfrían vidas, oportunidades y derechos.
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[–>El otro gran colectivo de este territorio decisivo es su funcionariado. Y quiero afirmarlo sin rodeos: el funcionariado social es uno de los mayores logros civilizatorios de nuestra comunidad. Representa el pacto por el cual todos contribuimos a garantizar derechos, acompañar fragilidades y sostener la inclusión. No hablo del conjunto del funcionariado –no sería honesto hablar de ámbitos que no conozco con la misma profundidad–, sino de quienes trabajan en servicios sociales, inclusión, discapacidad, protección de la infancia, inserción laboral, educación social y espacios afines donde lo público toca la vida concreta de quienes más necesitan que funcione.
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Fuera de la Administración, en el tercer sector y en las entidades, trabajamos muchas veces en la primera línea de la vulnerabilidad, casi desarmados, con menos salario, menos protección y una enorme exposición emocional. Por eso valoro especialmente a los buenos funcionarios de lo social: porque, desde una posición más protegida, pueden –y muchísimos lo hacen– sostener con su criterio, su compromiso y su responsabilidad a quienes trabajamos con menos red, pero con la misma misión: defender la dignidad de los últimos.
[–>[–>[–>La mayoría de los funcionarios de lo social que conozco son un ejemplo admirable de compromiso y respeto. Personas que saben que detrás de un expediente hay una vida; que una firma puede abrir una puerta o cerrarla durante años; que su tarea no es entorpecer, sino sostener; que el poder que administran no les pertenece, sino que les ha sido confiado para servir. Y quiero reconocerlo con claridad, porque sería profundamente injusto no hacerlo.
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Pero existe también –y callarlo sería deshonesto– una minoría que no es anecdótica. Una minoría cuya crítica comparten muchos de los propios funcionarios que padecen estas prácticas desde dentro. Una minoría que actúa como si lo público fuera suyo; como si la norma fuera un escudo de autoprotección y no una herramienta al servicio de la ciudadanía; como si la mejor prueba de inteligencia consistiera en blindarse, retrasar, endurecer, interpretar a la baja o complicar lo que podría resolverse con criterio, valentía y sentido.
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Otros, atrapados en una cultura que penaliza el riesgo y no premia el acierto, aplican la ley en su lectura más restrictiva. Y no los culpo humanamente: entiendo ese miedo. El sistema castiga el error, pero rara vez reconoce el acierto valiente. Es más seguro decir «no» que acompañar un «sí». Es más seguro demorar que decidir. Es más seguro esconderse tras la literalidad defensiva que interpretar la norma desde su espíritu de justicia.
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Lo comprendo, pero lo critico. Lo critico porque el daño no lo sufre quien firma: lo sufre quien espera. Y en lo social, detrás de cada demora hay una vida en suspenso: una plaza residencial que no llega, un joven sin oportunidad, una familia bloqueada, una persona con discapacidad que sigue excluida, una situación de sufrimiento que se prolonga porque alguien ha decidido que su tranquilidad institucional vale más que la urgencia del otro. Conviene recordar además algo esencial: el funcionariado no tiene legitimidad de dirección política, pero sí una responsabilidad decisiva de servicio público. Le corresponde facilitar que aquello que la ciudadanía ha elegido democráticamente pueda cumplirse con justicia, inteligencia y sentido. Le corresponde sostener el bien común. Le corresponde cuidar lo público, no confundirse con ello.
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Lo público en lo social solo funciona cuando políticos y funcionarios actúan desde la misma raíz: el servicio. Sin valentía, la Administración se convierte en un laberinto donde se pierden expedientes y esperanzas. Sin servicio, lo público se vuelve un decorado que habla de derechos que no llegan a quien los necesita. Sin decisión, sin inteligencia interpretativa y sin compromiso moral, el sistema de protección deja de parecerse a la justicia y empieza a parecerse a una intemperie educada, correctamente tramitada, impecablemente inútil.
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Lo público no se honra escondiéndose. Lo público no se honra resignándose al bloqueo. Lo público no se honra confundiendo cautela con inmovilismo ni prudencia con parálisis. Lo público se honra actuando, sirviendo y favoreciendo que las leyes se apliquen desde su espíritu de justicia y no desde la mera comodidad institucional.
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Esta carta es, ante todo, un agradecimiento a los muchos responsables políticos y a los muchos funcionarios de lo social que actúan con decencia cada día. Sin ellos, el sistema de protección se derrumbaría. Sin ellos, la justicia social sería un eslogan. Sin ellos, las políticas de inclusión serían papel mojado. Sin ellos, muchas personas vivirían aún más lejos de una vida digna.
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Pero esta carta quiere ser también un mensaje firme, claro y respetuoso a esa minoría que complica lo que debería ser simple; que olvida que lo público no es propiedad privada; que confunde protegerse con proteger; que cree que la inteligencia consiste en decir “no”, cuando la verdadera inteligencia consiste en saber cuándo y cómo decir «sí»; que se parapeta en la norma no para servir mejor, sino para exponerse menos. Pero, por fortuna, esa no es la norma. En la inmensa mayoría de los casos, lo público en lo social sigue estando sostenido por personas que entienden bien su misión y la ejercen con decencia, compromiso y sentido del deber. Y es precisamente esa mayoría la que permite que la esperanza no sea ingenuidad, sino experiencia cotidiana.
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Lo público en lo social es el último refugio de quienes casi no tienen nada más. Si ese refugio falla, no fracasa un trámite: fracasa la dignidad. Pero cuando funciona como debe –y por suerte así sucede en la mayoría de las ocasiones–, no solo protege derechos: sostiene vidas, abre caminos y evita que muchas personas caigan definitivamente en la intemperie. Lo público en lo social no se honra ocupándolo, sino sirviéndolo. Y ahí, en ese servicio silencioso, firme y tantas veces poco reconocido, reside una de las formas más nobles de justicia de una sociedad decente.
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