La pobreza sigue golpeando duramente en nuestro país. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), El 25,7% de la población residente en España está en riesgo de pobreza o exclusión socialuna cifra que refleja la magnitud del problema y su impacto en millones de hogares.

En este contexto, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha consolidado como una de las principales herramientas del sistema de protección social. Estas ayudas comenzaron a aplicarse en 2020 con el objetivo de garantizar un nivel mínimo de ingresos a personas y familias en situación de vulnerabilidad para evitar situaciones de pobreza y exclusión social cuando los recursos disponibles no son suficientes para cubrir las necesidades básicas. En este momento, el IMV llega a más de 2,6 millones de personas que previamente hayan tenido que demostrar su situación de dificultad económica para poder acceder a la prestación.

En términos generales, estas ayudas mantienen un marcado componente familiar, ya que las reciben principalmente hogares con menores a cargo, es decir, unidades de convivencia. Sin embargo, También se puede solicitar individualmente en determinados casos..

La normativa de la Seguridad Social contempla que podrán ser beneficiarios aquellas personas mayores de 23 años que, aunque compartan vivienda con una unidad familiar, no formen parte de ella como tal. Esto implica, por ejemplo, no estar casado -salvo en proceso de separación o divorcio en curso-, no formar pareja de hecho o incorporarse a otra unidad de convivencia.

En el caso de los solicitantes entre 23 y 29 años, se exige residir legal y efectivamente en España y, además, haber vivido de forma independiente durante al menos dos años antes de presentar la solicitud. También tendrán que acreditar actividad laboral o alta en la Seguridad Social durante al menos un año dentro de dicho periodo. Se consideran excepciones, como situaciones de violencia de género o rupturas familiares.

Para los mayores de 30 años, el principal requisito es haber mantenido un domicilio distinto al de los padres. —o tutores o anfitriones— durante el año anterior, salvo que la convivencia haya terminado por su fallecimiento. La Seguridad Social considera independencia residencial cuando, además del cambio de domicilio, se acredita actividad laboral o cotizaciones durante al menos un año en los dos años anteriores.

Más allá de estos criterios específicos, el acceso al Ingreso Mínimo Vital requiere cumplir dos condiciones generales: residencia legal y continuada en España durante al menos un año antes de la solicitud -con algunas excepciones para colectivos vulnerables- y acreditar una situación de insuficiencia económica. Los ingresos deben ser inferiores al umbral establecido para la unidad de convivencia, que se calcula en función de su composición.