El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la ley que prioriza la gestión pública de los servicios sanitarios y limita los servicios privados a casos estrictamente excepcionales, que deben estar motivados objetivamente y demostrar que la fórmula elegida es sostenible y eficiente.

Tras pasar su segunda vuelta por el Consejo, el proyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud inicia ahora su recorrido parlamentario para proteger la salud pública y garantizar la Carácter universal, equitativo y de calidad. del sistema de salud.

«El objetivo es proteger la salud pública exigiendo evaluaciones estrictas cualquier colaboración privada, garantizando calidad y equidad en todos los centros del sistema nacional de salud», destacó en rueda de prensa la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Mediante el texto aprobado se deroga la conocida como Ley 15/97, que abrió la puerta a la entrada de grandes colectivos en centros públicos como Quirón o Ribera Salud, que luego se exportó a otros hospitales como el de Torrejón de Ardoz (Madrid), recientemente epicentro de una polémica por los audios de su director general en los que reconocía derivar a los pacientes menos rentables.

En su exposición de motivos, el proyecto sostiene que la evidencia científica muestra que la gestión pública ofrece mayor equidad en el acceso y mejores resultados de salud, además de garantizar un mayor control y transparencia del gasto público.

De esta manera, la gestión indirecta de los servicios de salud Tendrán carácter estrictamente excepcional: Para recurrir a él, las administraciones deben justificar objetivamente que no es posible la prestación directa y demostrar que la fórmula elegida es sostenible y eficiente.

Para ello se establecen varios mecanismos de control, el primero, la exigencia de una evaluación previa; En este sentido, se crearán órganos con expertos, profesionales de la salud y representantes de la sociedad civil.

Estos órganos elaborarán un informe sobre si la gestión indirecta cumple con lo establecido en la ley, algo que la administración deberá tener en cuenta antes de tomar una decisión.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordará las directrices para garantizar criterios homogéneos en la preparación de estos informes. Como viene argumentando el Ministerio de Sanidad, esta proliferación de modelos privados ha provocado fragmentación, déficits de transparencia y menor capacidad de control institucional, modelos que, además, obtienen peores resultados en hospitalizaciones evitables y mortalidad por infarto o ictus que hospitales públicos similares.

Asimismo, la privatización está ligada, según el Gobierno, a una reducción de personal que puede afectar la calidad de la atención y la sostenibilidad del sistema. El proyecto también establece que es obligatorio realizar un informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) en los contratos de concesión para garantizar la sostenibilidad financiera y evitar que estimaciones poco realistas perjudiquen la prestación de servicios de salud.

Además, establece una preferencia por el sector social para que, En caso de empate en las ofertas, Se priorizan las entidades sin fines de lucro. La ley incorpora medidas de buen gobierno, exigiendo la publicación anual de indicadores de resultados de salud de todos los centros, independientemente de su modelo de gestión.

La Alta Inspección del Ministerio de Sanidad prestará asesoramiento técnico a las administraciones que deseen recuperar servicios para la gestión pública directa. Sanidad también elaborará, en el plazo de un año, un informe de evaluación de las diferentes experiencias de gestión desarrolladas en España desde 1997, que será elaborado por un grupo de trabajo integrado por representantes de las administraciones públicas y expertos en este tipo de evaluaciones, y contará también con la participación de organizaciones de pacientes.

El Gobierno reforma el copago farmacéutico con más tramos para beneficiar a las rentas bajas

Por otro lado, el Consejo de Ministros también ha aprobado una reforma del sistema de copago farmacéutico para hacerlo más proporcional a los ingresos, para lo cual ha introducido cuatro nuevos tramos y límites progresivos de cotización mensual para beneficiar a rentas medias y bajas.

Lo ha hecho a través de un real decreto impulsado por los ministerios de Sanidad y Hacienda que modifica el sistema de cotización de los usuarios en lservicio farmaceutico ambulatorio y que, con un impacto presupuestario estimado en 265,63 millones de euros, busca reducir las desigualdades y garantizar la continuidad de los tratamientos.

Ahora, tramos de ingresos para el copagoque se mantienen sin cambios desde 2012, son tres para los activos y sus beneficiarios: rentas inferiores a 18.000 euros, que pagan el 40%; los de 18.000 a 100.000, que pagan la mitad; y más de 100.000, que desembolsan el 60%, afirmó la ministra de Salud, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La reforma propone crear nuevas secciones, hasta seis, para beneficiar a los ingresos medios y bajos pero sin incrementar ninguna de las cotizaciones, introduciendo por primera vez máximos mensuales progresivos sobre las rentas inferiores a 35.000 euros, que hasta ahora no tenían límites específicos, para limitar el impacto económico en personas con tratamientos de larga duración y pacientes polimedicados.

De esta forma, los tramos quedan los siguientes: hasta 9.000 euros y de 9.000 a 17.999 euros, quienes tendrán que cotizar el 40% hasta un máximo de 8,23 y 18,52 euros mensuales, respectivamente.

También los de 18.000 a 34.999 y de 35.000 a 59.999, en cuyo caso pagarán el 45%, pero los primeros no superarán los 61,75 euros, mientras que los segundos no tendrán ningún límite. Un quinto tramo, de 60.000 a 99.999, pagará el 50% de tu medicación, y el sexto, el 60%, sin que ninguno de los dos tenga topes mensuales.

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