Economia

El Gobierno vuelve a poner las pulseras anti maltrato en manos de Vodafone pese a las incidencias detectadas

El Gobierno vuelve a poner las pulseras anti maltrato en manos de Vodafone pese a las incidencias detectadas
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  • Publishedmayo 13, 2026




El Ministerio de Igualdad ha vuelto a situar a la UTE formada por Vodafone España y Seguridad Securitas en el camino para hacerse con el contrato de las pulseras telemáticas destinadas al control de abusadores y agresores sexuales contra los que se imponen órdenes de alejamiento.

La propuesta del departamento que dirige Ana Redondo Deja en segunda posición al sindicato formado por Orange y Verisure, antigua Securitas Direct. Aunque el premio aún no es definitivo, la candidatura liderada por Vodafone ha sido la mejor calificado en el procedimientosegún la documentación consultada por Europa Press.

Ventaja de valoración

La diferencia entre ambas ofertas se ha reflejado tanto en la puntuación obtenida durante el proceso como en la cuantía económica propuesta por cada aspirante al contrato. La joint venture liderada por Vodafone alcanzó 41,3 puntos sobre un máximo de 46mientras que la propuesta presentada por Orange se quedó en 26,7 puntos.

Entre los criterios analizados por el Ministerio se encontraban aspectos ligados al servicio de telecomunicaciones o al plan de transición previsto para garantizar la continuidad del sistema. En el apartado económico, Vodafone y Securitas Seguridad presentaron una oferta de 67,5 millones de euros con IVA incluido. La candidatura rival superó los 70 millones y colocó su propuesta en 70,3 millones de euros.

La sanción de la Igualdad

La decisión del Ministerio llega meses después de que Igualdad sancionara a Vodafone por las incidencias registradas el 11 de noviembre de 2025 en el sistema de pulsera telemática. Según informa Europa Press, el departamento abrió entonces un expediente para esclarecer lo ocurrido después de que se detectaran varios fallos en el servicio.

La investigación concluyó con una sanción económica de 25.285 euros. Esa cantidad se descontó directamente del contrato que el adjudicatario tenía con la Administración.



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