LA CARLOTA (CÓRDOBA), 13 (PRENSA EUROPA)

El Equipo de Protección de la Naturaleza (Eprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, en el marco de la operación Reñidero Alto, ha investigado a una persona por la comisión de un presunto delito de maltrato animal y otro de intrusión profesional, tras realizar presuntamente mutilaciones de crestas y mentones a gallos de pelea.

Según informó la Benemérita, la investigación tuvo su origen en una inspección a una explotación avícola dirigida por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), en la que también participaron varias unidades de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Córdoba.

La actuación se desarrolló, concretamente, en un ruedo de gallos de pelea (gallo de pelea español) situado en La Carlota y estuvo centrado en comprobar el bienestar animal de los gallos allí alojados.

Como resultado de la intervención se localizaron un total de 71 gallos de raza de pelea española, de los cuales 57 tenían la cresta y el mentón mutilados, observándose algunas de las heridas muy recientes, por lo que se intensificaron las gestiones que, finalmente, permitieron encontrar diferentes utensilios compatibles para ser utilizados en las mutilaciones, así como restos orgánicos de los mismos.

Ante las pruebas claras obtenidas de la comisión de un presunto delito de maltrato animal, Eprona solicitó un informe al Ilustre Colegio de Veterinarios de Córdoba, en el marco del protocolo de colaboración entre el Colegio y la Comandancia de la Guardia Civil en materia de seguridad alimentaria y ambiental, bienestar animal y salud pública.

De esta forma, un informe fue emitido por los servicios jurídicos del Colegio de Veterinarios y señalaba determinadas prácticas observadas en la explotación avícola inspeccionada -corte de crestas y barbijos- como un acto clínico profesional y que, de haber sido realizadas sin justificación ni intervención de un profesional veterinario, podrían dar lugar a la comisión de un delito de intrusión profesional.

En este sentido, la Guardia Civil elaboró, a través del Grupo de Peritos Ambientales de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma), un informe que sustenta la gravedad de las lesiones, dado que, además de una lesión, se provocó a los animales afectados un sufrimiento grave e innecesario, que podría derivar en otras patologías y afectaciones.

Paralelamente, durante la inspección se detectaron otras irregularidades graves que podrían derivar en infracciones administrativas, por lo que se tramitaron diferentes informes-denuncias comunicando los hechos a la Delegación Territorial del Ministerio de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

Por todo lo anterior, el Instituto Armado investigó al responsable de la granja avícola por la presunta comisión de un delito de maltrato animal y otro delito de intrusión profesional, entregando las diligencias instruidas a la autoridad judicial.