ZAMORA 14 de mayo. (PRENSA EUROPA)-

Ecologistas zamoranos y la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) han informado de la aparición, en la zona de Puente Quintos, en el distrito de Faramontanos de Tábara (Zamora), de un lobo muerto con dos impactos de bala.

Los colectivos han señalado a la Junta de Castilla y León que entienden que la permisividad en los controles se ha convertido en «un caldo de cultivo perfecto» para la caza furtiva, y han confirmado que los hechos han sido denunciados ante la Fiscalía por un presunto delito contra la fauna silvestre.

Los colectivos han lamentado que «la caza furtiva y los abusos que sufre repetidamente la especie en la comunidad se han mantenido constantes en los últimos años y están contribuyendo a la delicada situación que atraviesan actualmente los lobos». Las dos asociaciones han subrayado que el lobo es una especie vulnerable y que la población ibérica sigue aislada del resto de poblaciones de Europa.

«Este aislamiento, unido al drástico descenso que ha sufrido su población desde el siglo pasado como consecuencia de la persecución humana, ha provocado una pérdida de diversidad genética, con los consiguientes altos índices actuales de endogamia», han sostenido.

En opinión de ambos colectivos, el lobo es una especie clave en la naturaleza, y la presencia de poblaciones viables y funcionales en Castilla y León «debe ser un objetivo irrenunciable para los responsables políticos y responsables de su Administración».

«La Junta no está contribuyendo a la recuperación del lobo ni en Zamora ni en el resto de Castilla y León, y de hecho, parece favorecer un escenario en el que no se persiga o incluso se favorezca la caza furtiva, a la vista de normativas recientes como la Orden MAV/1434/2025, que autoriza la caza nocturna del jabalí prácticamente durante todo el año utilizando fuentes luminosas y dispositivos térmicos montados o no en el arma», añaden.

«Si a esta delicada situación actual le sumamos la falta de instructores para denuncias administrativas en materia de Medio Ambiente en muchas provincias de la comunidad, ya ni siquiera estaríamos hablando de un asunto de abandono de funciones de una Administración pública, sino de un presunto delito de prevaricación por omisión por parte de los responsables de dicha Administración», han zanjado Ecologistas Zamora y Ascel.